Buscan eliminar el límite de edad para que docentes puedan titularizar después de los 50 años

El debate por la eliminación del límite de edad para el ingreso de docentes bonaerenses como titulares volvió a instalarse en la Legislatura provincial. Esta vez, el impulso llegó de la mano del diputado de Fuerza Patria Ricardo Lissalde, quien presentó un proyecto para modificar el Estatuto del Docente y suprimir el requisito que actualmente fija en 50 años la edad máxima para acceder a la titularidad en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa propone reformar el artículo 57 de la Ley N° 10.579, que regula las condiciones de ingreso al sistema educativo provincial. En particular, busca eliminar el inciso que exige “poseer una edad máxima de 50 años” para el primer ingreso como docente titular.

El planteo se suma a una discusión que ya venía creciendo dentro del ámbito legislativo, con proyectos similares impulsados por la diputada Sabrina Sabat, de Unión y Libertad, y por el legislador Luis Ontiveros, de La Libertad Avanza. Más allá de las diferencias políticas entre los bloques, las iniciativas coinciden en un punto central: la necesidad de revisar una barrera etaria que, según sus impulsores, quedó desfasada frente a la realidad laboral, educativa y social actual.

Un fallo que reabrió la discusión

Uno de los principales fundamentos del proyecto de Lissalde es un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que declaró inconstitucional el límite de edad previsto en el Estatuto del Docente. El caso llegó al máximo tribunal provincial a partir del reclamo de una aspirante de 53 años que cuestionó la normativa porque le impedía acceder a la titularidad pese a reunir los requisitos profesionales necesarios.

La Corte entendió que la restricción vulnera los principios de igualdad y no discriminación, al establecer una diferencia basada exclusivamente en la edad. Para el tribunal, la norma trazaba una división arbitraria entre quienes tienen más o menos de 50 años, sin una justificación razonable que explicara por qué una persona mayor de esa edad no podía acceder a un cargo titular si cumplía con las condiciones de idoneidad.

En el expediente legislativo, Lissalde recuperó uno de los pasajes centrales del fallo: “La desigualdad proviene de la norma que, en forma arbitraria, fijó una línea que divide a quienes tienen más o menos de cincuenta años, sin ningún fundamento plausible que dé razón suficiente a aquella distinción”.

A partir de ese antecedente judicial, el diputado sostuvo que la Legislatura debe adecuar la legislación vigente para evitar nuevos reclamos y corregir una disposición que, según señaló, quedó desactualizada y constituye una forma de discriminación.

Una norma pensada para otra realidad

El proyecto también repasa la evolución histórica del Estatuto del Docente bonaerense. La ley sancionada en 1986 establecía originalmente un límite de 45 años para el ingreso a la titularidad. Luego, una reforma aprobada en 2001 elevó ese tope a 50 años, aunque mantuvo el criterio de fijar una edad máxima como condición de acceso.

Para Lissalde, ese esquema ya no responde a las condiciones actuales del sistema educativo ni del mercado laboral. En la actualidad, muchos profesionales llegan a la docencia después de haber desarrollado trayectorias previas en otras áreas, o bien consolidan su formación y experiencia pedagógica luego de los 50 años.

En ese sentido, la iniciativa plantea que la edad no puede ser un obstáculo automático cuando existen docentes capacitados, con experiencia y en condiciones de desempeñar tareas frente al aula.

“Esta propuesta intenta adecuar la norma a la realidad actual, que está dada por la formación y experiencia de aquellos docentes que se encuentran en inmejorables condiciones para llevar adelante el proceso de enseñanza con idoneidad y profesionalidad”, sostiene el texto del proyecto.

El debate por las vacantes docentes

La discusión también se da en un contexto atravesado por las dificultades para cubrir cargos docentes en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La falta de personal, las renuncias y las vacantes sin cubrir vienen generando preocupación en la comunidad educativa y en la Legislatura.

En esa línea, el senador Marcelo Leguizamón, de HECHOS-UCR Identidad, presentó un pedido de informes para conocer con mayor precisión la situación de las vacantes y las renuncias tanto de personal docente como no docente en el sistema educativo bonaerense.

Para los legisladores que impulsan la eliminación del límite etario, sostener una barrera de edad en ese escenario resulta contradictorio: por un lado, el sistema necesita cubrir cargos; por el otro, impide que personas con formación y experiencia puedan acceder a la titularidad por haber superado los 50 años.

Sabrina Sabat, una de las legisladoras que ya había presentado una propuesta en el mismo sentido, sostuvo que “a los 50 años una persona todavía está vital” y remarcó que las condiciones de vida actuales obligan a revisar las restricciones previstas en el estatuto.

Por su parte, Luis Ontiveros destacó el valor de la experiencia en las aulas y advirtió que “faltan docentes con experiencia frente a una escuela compleja”, en referencia a los desafíos que enfrentan muchas instituciones educativas, atravesadas por situaciones de violencia, conflictividad social y mayores demandas institucionales.

Un cambio con impacto laboral y educativo

La eliminación del límite de edad no sólo abriría una puerta laboral para quienes buscan acceder a la titularidad después de los 50 años. También podría tener impacto en la organización del sistema educativo, especialmente en aquellas zonas donde existen dificultades para cubrir cargos o donde la experiencia docente resulta clave para sostener la continuidad pedagógica.

El proyecto de Lissalde apunta a que el ingreso a la titularidad se defina por criterios de formación, idoneidad, antecedentes y capacidad profesional, y no por una edad fijada de manera rígida. La discusión, ahora, quedará en manos de la Legislatura bonaerense, que deberá resolver si avanza con una reforma del Estatuto del Docente en sintonía con el fallo de la Suprema Corte.