El bloque del PRO en el Senado bonaerense impulsó un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra los denominados “trapitos”, cuidacoches y limpiavidrios que actúen sin autorización legal en la vía pública. La iniciativa propone modificar el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires e incorporar penas de arresto para este tipo de prácticas.
El proyecto fue presentado por el senador Guillermo Montenegro, intendente en uso de licencia de General Pueyrredón, quien planteó que estas actividades “dejaron de ser conductas aisladas” para transformarse en estructuras organizadas que delimitan y administran sectores del espacio público.
La propuesta apunta a reformar de manera integral cinco artículos del decreto ley 8031/73, que regula el actual Código de Faltas bonaerense. El eje central del texto es la incorporación de sanciones directas de arresto para quienes ejerzan estas actividades sin habilitación o autorización correspondiente.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que la conducta será considerada punible incluso cuando el pago exigido o sugerido al conductor sea presentado como una “contribución voluntaria”. De esta manera, la iniciativa busca evitar que ese argumento funcione como vía para eludir la sanción.
La reforma también contempla castigos específicos para quienes restrinjan la libre circulación u ocupen espacios de estacionamiento mediante conos, vallas, sogas, cadenas, cajones, carteles u otros elementos. Estas prácticas, frecuentes en zonas comerciales, gastronómicas y en inmediaciones de eventos masivos, serían consideradas obstrucciones deliberadas de la vía pública.
Agravantes y penas más duras
El proyecto incorpora además un esquema de agravantes que permitiría incrementar las penas de detención. Entre las situaciones previstas figuran la intimidación, las amenazas, el hostigamiento, la insistencia indebida hacia los conductores o el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.
También se prevén sanciones más severas en casos de reincidencia, ocultamiento de identidad, portación de armas impropias o cuando la actividad sea desarrollada de manera coordinada por dos o más personas.
Otro de los puntos relevantes de la iniciativa pone el foco en quienes organizan o administran estas prácticas. El texto propone sanciones para los eslabones superiores de eventuales esquemas de recaudación ilegal, es decir, personas que coordinen, financien o exploten la actividad de terceros en la vía pública.
En esa misma línea, el proyecto faculta la intervención inmediata de los organismos competentes cuando existan sospechas de connivencia con funcionarios públicos o integrantes de fuerzas de seguridad. Además, dispone sanciones económicas para clubes, entidades o instituciones que promuevan, faciliten o exploten este tipo de negocios en el marco de eventos masivos.
El trasfondo político y urbano
La iniciativa se inscribe en un debate que atraviesa a varios municipios bonaerenses, especialmente en ciudades con alta concentración comercial, gastronómica, turística o deportiva. En esos espacios, la actividad de cuidacoches y “trapitos” suele generar reclamos de vecinos, comerciantes y conductores por situaciones de presión, cobros indebidos o apropiación informal del espacio público.
Montenegro ya había mantenido una postura crítica frente a estas prácticas durante su gestión en General Pueyrredón, donde el tema formó parte de la agenda de seguridad urbana. Ahora, desde su banca en el Senado provincial, busca trasladar esa discusión al plano legislativo bonaerense.