El conflicto por la administración de Punta Mogotes sumó un nuevo capítulo en la Justicia. Tras una audiencia entre representantes del Gobierno bonaerense, el municipio de General Pueyrredón y la Administración Punta Mogotes, el juez Simón Isacch resolvió dictar un cuarto intermedio hasta el próximo 4 de agosto, con el objetivo de facilitar una instancia de conciliación entre las partes.
La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1, que además ordenó suspender todos los plazos procesales vinculados a la causa. De esta manera, Provincia y Municipio tendrán un mes para intentar avanzar en un acuerdo político, técnico y jurídico que destrabe una disputa que se arrastra desde 2024 y mantiene en suspenso el futuro del tradicional complejo balneario marplatense.
Durante la audiencia, las partes manifestaron su voluntad de continuar las conversaciones para acercar posiciones. Ante ese planteo, el magistrado fijó una nueva audiencia para el 4 de agosto a las 12.00, instancia en la que se espera que puedan exponerse avances concretos en torno a una eventual solución consensuada.
El conflicto tiene como eje la administración de Punta Mogotes, actualmente bajo la órbita de la Administración Punta Mogotes, un ente integrado en un 70% por la provincia de Buenos Aires y en un 30% por la comuna de General Pueyrredón. El municipio reclama recuperar el control del complejo, mientras que la Provincia rechazó ese pedido y defendió el esquema vigente.
La disputa comenzó en agosto de 2024, cuando la administración municipal inició formalmente un reclamo para quedarse con la administración del predio. A partir de allí, la discusión escaló hasta llegar a la Justicia, donde tramitan tanto la demanda principal como una causa conexa que ahora quedaron alcanzadas por la suspensión de plazos.
Por el Gobierno bonaerense participaron de la audiencia la subsecretaria de Turismo, María Soledad Martínez; la subsecretaria Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Producción, Noelia Fernández; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y el jefe de Gabinete de esa cartera, Francisco Zannini.
En representación del municipio de General Pueyrredón estuvieron presentes los apoderados Matilde Casado y Mauro Martinelli. Por la Administración Punta Mogotes participaron Gonzalo Raventos y Fernando Maraude, acompañados por sus asesores fiscales.
El trasfondo del conflicto también incluye el proceso anunciado en mayo por el Gobierno bonaerense para transferir el complejo al municipio una vez finalizadas una serie de obras de modernización integral, que serían ejecutadas mediante licitación pública. Sin embargo, la comuna rechazó esa propuesta y presentó un recurso de amparo para frenar la licitación hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la titularidad y administración del predio.
Con el cuarto intermedio dispuesto por Isacch, la discusión ingresa ahora en una etapa de negociación formal. La Justicia busca que Provincia y Municipio encuentren una salida que evite una profundización del litigio y permita definir el futuro de uno de los espacios turísticos más emblemáticos de Mar del Plata.
Mientras tanto, Punta Mogotes sigue en el centro de una disputa institucional que combina intereses políticos, administrativos y turísticos. La próxima audiencia, prevista para el 4 de agosto, será clave para saber si las partes logran acercar posiciones o si el conflicto vuelve a quedar atado a una resolución judicial.