El PRO y La Libertad Avanza impulsan una baja de impuestos en las facturas de servicios esenciales

La alianza entre el PRO y La Libertad Avanza volvió a mostrar señales de coordinación en la Legislatura bonaerense. Esta vez, ambas fuerzas impulsan un proyecto de ley que busca reducir la carga impositiva sobre las facturas de servicios esenciales mediante la eliminación del cobro de Ingresos Brutos en las boletas de luz, gas y agua.

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires por la legisladora Rita Sallaberry y cuenta con el respaldo del diputado libertario Agustín Romo. El texto apunta a aliviar el impacto de las tarifas sobre usuarios residenciales, pequeñas y medianas empresas e instituciones sociales, en un contexto de fuerte presión sobre los ingresos familiares y los costos de funcionamiento de comercios, clubes y entidades comunitarias.

El proyecto establece la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para los servicios de distribución eléctrica, gas natural por redes y provisión de agua potable. La autoridad de aplicación sería la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, ARBA, que deberá instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que las empresas prestadoras estarán obligadas a trasladar el beneficio fiscal al valor final de las facturas. Es decir, la reducción impositiva deberá reflejarse directamente en las boletas que pagan los usuarios. En caso de incumplimiento, el texto contempla sanciones económicas para las compañías.

Según los fundamentos de la iniciativa, el cobro de Ingresos Brutos sobre servicios esenciales tiene un efecto regresivo, ya que impacta con mayor fuerza en los hogares de menores recursos. Los impulsores sostienen que, al tratarse de consumos básicos, la eliminación de esa carga tributaria permitiría aliviar el presupuesto de millones de familias bonaerenses sin modificar tributos nacionales, como el IVA.

El alcance del beneficio varía según el tipo de servicio. Para agua potable y gas natural, la exención estaría destinada a usuarios residenciales. En el caso del servicio eléctrico, alcanzaría a hogares incluidos en los segmentos de menores ingresos y de ingresos medios, además de pequeños consumos no residenciales.

También quedarían contempladas entidades de bien público, clubes de barrio, cooperativas, establecimientos educativos con subvención estatal, centros de salud y comedores comunitarios. De esta manera, el proyecto busca combinar alivio para los hogares con una reducción de costos para instituciones que cumplen un rol social en distintos distritos bonaerenses.

La propuesta incorpora además un capítulo vinculado con la modernización del sistema eléctrico. Allí se plantea que las distribuidoras avancen en un plan de recambio de medidores tradicionales por equipos inteligentes, con el objetivo de brindar mayor información a los usuarios sobre sus consumos y mejorar la eficiencia de la red energética.

El proyecto llega en medio de un fuerte debate por el costo de los servicios públicos, atravesado por la reestructuración del esquema nacional de subsidios energéticos y la actualización tarifaria impulsada por el Gobierno nacional durante 2026. Ese escenario volvió a poner en discusión el peso de los impuestos en las boletas y el margen de acción que tienen las provincias sobre sus propios tributos.

En términos políticos, la presentación profundiza el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense. Ambas bancadas ya habían coordinado posiciones en otros debates, como el vinculado al funcionamiento del IOMA, y ahora buscan instalar una agenda centrada en la reducción impositiva y el costo de vida.