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Impulsan una ley de emergencia para empresas recuperadas
13:42 | En un conversatorio realizado en la Cámara de Diputados bonaerense, el legislador Juan Martín Malpeli presentó los alcances de una iniciativa que busca declarar la emergencia económica, financiera y tarifaria del sector por tres años. La propuesta apunta a proteger a cooperativas de trabajo que sostienen unidades productivas tras procesos de cierre, quiebra o vaciamiento empresarial.
En el marco de un conversatorio sobre fábricas recuperadas, realizado en el Auditorio del edificio Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, se analizaron las dificultades que atraviesan las empresas administradas por sus trabajadores y trabajadoras, en un contexto de creciente deterioro económico y productivo.
El encuentro fue encabezado por el diputado provincial de Unión por la Patria Juan Martín Malpeli, quien presentó los principales lineamientos de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas por sus trabajadores en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa plantea establecer un régimen de protección por el plazo de tres años, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo bonaerense si persisten las condiciones que dieron origen a la emergencia. El objetivo es brindar previsibilidad financiera y operativa a las cooperativas de trabajo que sostienen unidades productivas surgidas tras procesos de quiebra, cierre, abandono o vaciamiento empresarial.
Del conversatorio también participaron la senadora María Rosa Martínez y referentes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y Cooperativas de Trabajo, quienes expusieron las problemáticas que enfrenta el sector autogestivo para sostener la producción, preservar puestos de trabajo y garantizar la continuidad de establecimientos que quedaron sin patronales.
Durante la actividad, Malpeli remarcó la necesidad de avanzar con herramientas legislativas que permitan acompañar a las cooperativas. “Frente a la destrucción del trabajo y el ataque a la producción nacional, la provincia de Buenos Aires tiene que ser el escudo y el motor de la recuperación”, sostuvo.
El legislador también afirmó que “no hay que permitir que caiga una sola persiana más, porque cada empresa recuperada es una trinchera de dignidad familiar y eficiencia productiva”.
La propuesta declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, al considerarlo una herramienta para garantizar la continuidad de la actividad productiva en establecimientos en crisis y preservar fuentes laborales en distintos distritos bonaerenses.
El proyecto alcanza a cooperativas de trabajo, o aquellas en trámite de constitución, integradas por trabajadores provenientes de empresas que cesaron sus actividades y que se encuentren inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
Entre las principales medidas previstas, la iniciativa establece la suspensión, durante la vigencia de la emergencia, de todas las acciones judiciales destinadas a ejecutar desalojos sobre empresas recuperadas. Además, prohíbe los cortes de servicios públicos provinciales de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales para las entidades comprendidas en el régimen.
En caso de existir deudas acumuladas durante el período de emergencia, las empresas prestatarias deberán instrumentar planes de pago bajo las condiciones que determinen los organismos provinciales de control. De esta manera, se busca evitar que la falta de regularización tarifaria termine afectando la continuidad productiva de las cooperativas.
En los fundamentos del proyecto se señala que la provincia de Buenos Aires concentra cerca de 200 empresas recuperadas, que generan alrededor de 5.000 puestos de trabajo registrados bajo la modalidad cooperativa. Estas experiencias desarrollan actividades en sectores como alimentación, metalurgia, calzado, gráfica, madera y metalmecánica.
Malpeli sostuvo que las empresas recuperadas constituyen “un mecanismo consolidado de preservación del empleo y de la producción”, además de cumplir un rol social en sus comunidades mediante espacios vinculados con la educación, la cultura, la salud y la inclusión.
La iniciativa también vincula la situación del sector con el escenario económico nacional. En los fundamentos se advierte que las políticas económicas de los últimos años provocaron el cierre de establecimientos productivos y una mayor precarización laboral, con especial impacto sobre las empresas recuperadas.
