Crece la presión sobre Lucas Ghi por el cese de 170 trabajadores municipales

La gestión de Lucas Ghi quedó en el centro de una fuerte controversia política y sindical luego de que el Municipio de Morón avanzara con el envío de telegramas de cese laboral a 170 trabajadores y trabajadoras municipales en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio.

La medida generó el rechazo del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham, que denunció irregularidades en el procedimiento, y también provocó una dura reacción del sector de Fuerza Patria referenciado en Martín Sabbatella, quien cuestionó directamente al intendente por el impacto social y laboral de la decisión.

A través de sus redes sociales, Sabbatella calificó la decisión como “un acto profundamente cruel e insensible” y sostuvo que el Ejecutivo municipal pretende “jubilar de facto” a trabajadores del Municipio.

La decisión de jubilar de facto a trabajadores y trabajadoras del Municipio de Morón es un acto profundamente cruel e insensible. Despedir personas sin respetar el debido procedimiento administrativo, y en este contexto de crisis económica, expone la falta de humanidad de una… https://t.co/RdwXjFvOPS

— Martín Sabbatella (@Sabbatella) July 1, 2026

“Despedir personas sin respetar el debido procedimiento administrativo, y en este contexto de crisis económica, expone la falta de humanidad de una gestión que prefiere dejar familias en la calle antes que cuidar a sus empleados y a los servicios que recibe el vecino”, expresó el exintendente.

El dirigente reclamó que Ghi revierta la situación “de forma urgente” y abra una instancia de diálogo con los trabajadores y sus representantes gremiales. “La jubilación es un derecho del trabajador, nunca una herramienta de persecución o descarte”, remarcó.

El sindicato denunció vulneración de derechos

El conflicto se profundizó luego de la presentación realizada por el Sindicato de Trabajadores Municipales, conducido por Gustavo Sanz, ante el Departamento Ejecutivo. La organización expresó su “oposición” al procedimiento impulsado por la gestión de Ghi y advirtió que los telegramas enviados afectan garantías laborales y previsionales reconocidas por la normativa vigente.

Según el planteo gremial, las notificaciones de cese comunican la finalización de la relación laboral desde el 1 de julio, sin que previamente se haya dictado un acto administrativo individual, debidamente fundado y emitido por autoridad competente.

El sindicato sostuvo que el procedimiento vulnera el debido proceso administrativo, el derecho de defensa, la estabilidad en el empleo público, la negociación colectiva y la carrera administrativa. También señaló que la medida desconoce derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución bonaerense, la Ley 14.656, el Convenio Colectivo de Trabajo y el Acta Complementaria del Sistema de Carrera Administrativa Municipal.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es el impacto que la decisión podría tener sobre trabajadores recientemente reencasillados. Para el gremio, disponer el cese sin permitir la consolidación de las mejoras salariales alcanzadas podría generar un perjuicio previsional permanente sobre sus futuros haberes jubilatorios.

Fuerza Patria pidió frenar la medida

Tras la presentación sindical, el bloque de concejales de Fuerza Patria alineado con Sabbatella difundió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los ceses dispuestos por el Ejecutivo municipal.

Los concejales señalaron que la decisión fue adoptada “sin respetar el debido procedimiento administrativo” que resguarda los derechos laborales y previsionales de cada trabajador y trabajadora. Además, cuestionaron que no se hayan contemplado la estabilidad, la trayectoria y las condiciones particulares de los empleados afectados.

Desde el bloque solicitaron al Departamento Ejecutivo que “cese con esta medida” y que revise, junto a cada trabajador y las representaciones gremiales, condiciones y alternativas que mejoren la situación de la planta municipal.

También advirtieron que los trabajadores municipales no deben ser utilizados “como variable de ajuste frente a una crisis que golpea a las familias municipales”, y remarcaron que el Estado tiene la obligación de garantizar bienestar, salario digno y condiciones laborales adecuadas para quienes sostienen los servicios básicos de la comunidad.

Ghi, bajo presión por el costo político de la medida

El conflicto coloca al intendente Lucas Ghi ante un escenario delicado. La medida no sólo abrió una disputa con el gremio municipal, sino que también expuso cuestionamientos dentro del propio espacio político que gobierna Morón.

El envío de 170 telegramas de cese en un contexto de crisis económica profundiza el malestar entre los trabajadores y tensiona el vínculo entre el Ejecutivo, el sindicato y sectores de Fuerza Patria. La crítica central apunta a que el Municipio habría avanzado con una decisión de alto impacto laboral sin garantizar previamente todas las instancias administrativas, individuales y colectivas necesarias.

Para el gremio, antes de cualquier cese el Ejecutivo debe intimar formalmente a cada trabajador a acreditar su situación previsional y manifestar su voluntad respecto del inicio del trámite jubilatorio. Esa instancia, sostienen, es indispensable para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

La organización también exigió la suspensión inmediata del procedimiento y pidió dejar sin efecto las notificaciones cursadas hasta que se cumpla con el debido proceso administrativo. Además, reclamó una convocatoria urgente a negociación colectiva para acordar un mecanismo compatible con la estabilidad, la carrera administrativa y los derechos previsionales de los trabajadores.

El reclamo podría llegar a la Justicia

El Sindicato de Trabajadores Municipales dejó planteada la reserva de iniciar acciones administrativas y judiciales en defensa de los derechos individuales y colectivos de los empleados afectados, si el Ejecutivo no retrocede con la medida.

Mientras tanto, el conflicto amenaza con escalar en el plano político. Sabbatella y el bloque de Fuerza Patria reclamaron que Ghi frene los ceses y habilite una mesa de diálogo, en una discusión que ya excede el trámite jubilatorio y expone una disputa por el rumbo de la gestión municipal.

El eje del cuestionamiento es claro: el Municipio de Morón no puede convertir el acceso a la jubilación en un mecanismo compulsivo de salida laboral ni aplicar una medida de semejante impacto sin respetar las garantías administrativas, laborales y previsionales de los trabajadores alcanzados.