Concejal radical pide sanciones tras la protesta de cooperativistas en La Plata

El concejal radical Gustavo Staffolani presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante de La Plata para que se evalúen los daños ocasionados durante la protesta de cooperativistas frente al Palacio Municipal y se impulsen las medidas administrativas y judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables.

Los incidentes ocurrieron el pasado 26 de junio, luego de que el Ejecutivo platense resolviera modificar el esquema de contratación de servicios que hasta ahora se realizaba en forma directa con cooperativas. La decisión municipal apunta a avanzar con contrataciones mediante licitaciones, de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica de las Municipalidades, dejando atrás una modalidad que, según se indicó, se venía aplicando desde 2011.

La protesta derivó en graves episodios de violencia, con quema de neumáticos, rotura de vidrios, daños en puertas y ventanas, y ataques contra distintos bienes patrimoniales del Palacio Municipal. En ese marco, Staffolani solicitó que los perjuicios sean “relevados y evaluados en forma integral”.

El proyecto también plantea la necesidad de preservar registros fílmicos, actas, testimonios y demás elementos probatorios disponibles, con el objetivo de avanzar en la individualización de las personas responsables. Además, propone determinar la eventual responsabilidad de personas jurídicas vinculadas con los hechos.

En su iniciativa, el edil radical pidió que, una vez acreditadas las responsabilidades y cuando exista sentencia firme o acto administrativo dictado en el marco de un procedimiento legal con pleno resguardo del derecho de defensa, se promuevan medidas para disponer la inhabilitación por el término de diez años de las personas humanas o jurídicas involucradas.

“Se deberían promover y adoptar, dentro de la normativa vigente, las medidas necesarias para disponer la inhabilitación por el término de diez años, una vez acreditadas las responsabilidades de los daños ocasionados, tanto a las personas humanas como a las jurídicas”, sostuvo Staffolani en el texto del proyecto.

La propuesta también contempla la reparación integral del perjuicio ocasionado. Esto incluye la reparación o reposición de los bienes afectados, los gastos de limpieza, seguridad y mano de obra, los costos derivados de la interrupción de actividades y cualquier otro daño debidamente acreditado que mantenga relación causal directa con los hechos.

En los fundamentos, Staffolani remarcó que durante la protesta “se produjeron hechos de violencia que excedieron el marco de un reclamo legítimo”. En esa línea, sostuvo que el derecho a reclamar en democracia debe ser respetado, pero advirtió que “ninguna de estas circunstancias habilita el empleo de la violencia ni la destrucción de bienes públicos como método de presión”.

El concejal también hizo hincapié en el impacto económico que generan los daños sobre los recursos municipales. “Cada elemento que deba ser reparado o reemplazado implica destinar recursos públicos que deberían utilizarse para sostener servicios, atender las necesidades de los barrios y ejecutar políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad”, señaló.

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa apunta a que, cuando los responsables posean créditos pendientes de pago frente a la Municipalidad, se evalúe la posibilidad de compensar esas sumas con la obligación de reparar los daños, siempre que exista identidad entre el responsable y el titular del crédito, que las obligaciones estén determinadas y que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

“Una vez determinada esa responsabilidad, no resulta razonable que quienes dañaron deliberadamente el patrimonio municipal puedan volver a prestar servicios financiados por la misma Municipalidad, ya sea de manera directa o mediante su incorporación a cooperativas, contratistas, subcontratistas o terceros prestadores”, concluyó Staffolani.