Servicios públicos: los hogares más pobres destinan hasta el 22% de sus ingresos a pagar tarifas

La suba de tarifas volvió a golpear de lleno sobre los ingresos familiares y profundizó una brecha cada vez más visible entre los hogares de menores recursos y los sectores de ingresos medios y altos. Según un informe de Fundación Capital, desde el inicio de la gestión de Javier Milei el peso de los servicios públicos sobre los ingresos de los sectores más bajos se cuadruplicó, con casos en los que las familias deben destinar más del 20% de sus recursos al pago de luz, gas, agua y transporte.

El estudio analizó el impacto de los aumentos tarifarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde la canasta de servicios públicos registró una fuerte aceleración. De acuerdo con la consultora, mientras el Índice de Precios al Consumidor habría rondado el 33% interanual, las tarifas de electricidad y gas aumentaron en promedio 55% en el último año, y el transporte público lo hizo un 49%.

En ese contexto, el gasto promedio mensual en electricidad, gas, agua y transporte para una familia tipo alcanzó en junio los $163.600 para los hogares con subsidios, $232.700 para quienes mantienen subsidios energéticos pero no cuentan con tarifa social de transporte, y $275.800 para aquellos hogares sin ningún tipo de asistencia estatal.

La presión sobre el bolsillo se explica no sólo por la suba de tarifas, sino también por el rezago de los ingresos. Fundación Capital señaló que, en el mismo período, los salarios del sector privado registrado habrían aumentado 29,7% interanual, por debajo del avance de los servicios públicos.

“Los servicios públicos pasaron a absorber una porción más elevada del ingreso”, indicó el informe, que remarcó que aunque el ajuste más fuerte se produjo durante 2024, la combinación de tarifas más altas, mayor consumo invernal e ingresos rezagados mantiene la presión sobre el poder adquisitivo.

El impacto más fuerte cae sobre los sectores bajos

Según el relevamiento, el gasto promedio en servicios públicos representó en junio el 10,8% del ingreso promedio de los asalariados registrados del AMBA. Un año atrás ese peso era del 9,1%, mientras que al comienzo de la actual administración rondaba el 4,3%.

Sin embargo, el promedio oculta una diferencia central: el ajuste no impacta igual en todos los hogares. En una familia con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, vitales y móviles, es decir $735.600 en junio, el pago de servicios públicos con subsidios incluidos habría alcanzado el 22% del ingreso familiar. Esto implica una suba de 5,7 puntos porcentuales respecto del año anterior y una cuadruplicación frente al 5,3% registrado en diciembre de 2023.

En el caso de un hogar compuesto por dos jubilaciones mínimas con bonos, por un total de $946.636, el gasto en servicios representa el 17,3% del ingreso. La cifra muestra un incremento de 3,5 puntos interanual y triplica el peso que tenía a fines de 2023.

Para los hogares de ingresos medios, el golpe también existe, aunque con menor intensidad. Una familia con un ingreso de $1.500.000 destinaría cerca del 14% de sus recursos al pago de servicios públicos, frente al 7% que representaba en diciembre de 2023.

En tanto, un hogar con un sueldo medio del sector formal, estimado en $2.200.000, destina el 10,7% de su ingreso al pago de tarifas. La cifra implica una suba de 1,6 puntos respecto de 2025 y casi triplica el peso registrado al inicio de la actual gestión.

La diferencia se vuelve más marcada en los hogares de mayores ingresos. Una familia con dos ingresos medios del sector formal, por unos $4.500.000, destina alrededor del 6% de sus recursos al pago de servicios. Y en el caso de un hogar ubicado en el decil más alto, con ingresos cercanos a los $7.000.000, el peso tarifario ronda apenas el 3%.

Menos ingreso disponible y consumo limitado

El informe también advierte que todavía queda margen para nuevas correcciones tarifarias. En el caso de la electricidad, el sector residencial ya cubre en promedio el 80% del costo de generación, frente al 33% que cubría dos años atrás. Pero entre los usuarios con subsidio, la cobertura ronda el 64%, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos ajustes.

En transporte, la brecha también persiste. Según datos citados de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, en el AMBA el usuario cubre apenas el 31% del costo real del boleto de colectivo.

De cara al segundo semestre, Fundación Capital proyecta un escenario de recomposición moderada de los salarios reales, aunque todavía con ingresos disponibles condicionados por la evolución de las tarifas. En otras palabras, el alivio podría ser parcial y todavía insuficiente para impulsar con fuerza el consumo.

“La recomposición de salarios en términos reales la vemos más como dejar de perder que como un verdadero driver para la actividad”, concluyó la consultora.