Penitenciarios bonaerenses rechazaron la suba de horas extra de Kicillof: “Es una burla y una vergüenza”

Trabajadores del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) rechazaron con dureza la actualización de la compensación especial por recargo de servicio dispuesta por el Gobierno de Axel Kicillof, al considerar que los nuevos valores no responden al desgaste, el riesgo y las condiciones laborales que atraviesa el personal penitenciario.

La medida, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, rige con retroactividad al 1° de mayo de 2026 y establece una suba del 50% respecto de la última actualización, que había sido otorgada en septiembre de 2024. Sin embargo, lejos de descomprimir el conflicto, la resolución profundizó el malestar entre los agentes.

“La burla de una gestión: cuando el Estado valora nuestra vida y nuestra labor con migajas. Una vez más, el Gobierno pretende vendernos como un ‘logro’ lo que es, en realidad, una bofetada a la dignidad del personal penitenciario”, cuestionaron los trabajadores.

En el mismo tono, agregaron: “El Ejecutivo oficializó una actualización que solo desnuda el desprecio absoluto que los funcionarios tienen por nuestra labor. Es una vergüenza lo que pretenden que valga nuestra vida, nuestro riesgo profesional, nuestro cansancio y el uso sistemático que hacen de nosotros para cubrir el déficit de personal. Los nuevos valores son un insulto”.

Los nuevos montos

De acuerdo con el decreto provincial, la actualización establece valores diferenciados según el tipo de tarea que cumple cada agente penitenciario. El personal abocado a funciones estrictamente administrativas percibirá $900 por hora, mientras que quienes desarrollan tareas de seguridad cobrarán $1.800 por hora bajo la misma modalidad.

Desde el Ejecutivo bonaerense fundamentaron la medida en la necesidad de garantizar la operatividad del servicio, especialmente en aquellas áreas donde la extensión de la jornada laboral resulta indispensable para cumplir funciones críticas.

Entre esas tareas se incluyen traslados de internos, guardias reforzadas, diligencias administrativas urgentes y cobertura de servicios extraordinarios. Es decir, actividades que forman parte del funcionamiento cotidiano del sistema penitenciario, pero que suelen recaer sobre un personal que denuncia sobrecarga laboral y pérdida del poder adquisitivo.

Un reclamo que viene de lejos

La resolución llega en medio de un clima de tensión creciente dentro del SPB. A comienzos de junio, trabajadores penitenciarios elevaron un petitorio dirigido a la gestión provincial para reclamar respuestas concretas sobre salarios, horas extras, adicionales, equipamiento y condiciones laborales.

Uno de los principales planteos apunta al régimen de recargos y servicios extraordinarios. Los agentes sostienen que la actividad penitenciaria implica un fuerte desgaste físico, psíquico y emocional, por lo que exigen una revisión integral de los horarios laborales y de los mecanismos de compensación.

En ese marco, los ingresos aparecen como el eje más sensible del conflicto. Si bien el Gobierno bonaerense otorgó un incremento salarial en abril, los trabajadores aseguran que los adicionales y las horas extras quedaron muy por detrás de la inflación y de la pérdida del poder adquisitivo.

La actualización anunciada por la Provincia fue leída por el sector como una respuesta parcial e insuficiente. Para los penitenciarios, el problema de fondo no se resuelve únicamente con una suba porcentual, sino con una recomposición real que contemple la complejidad de la tarea y el déficit estructural de personal.

Equipamiento, uniformes y condiciones de trabajo

El petitorio también incluyó reclamos vinculados a la actualización de partidas para uniformes y equipamiento. Los trabajadores advirtieron que los montos actualmente asignados ya no alcanzan para cubrir los gastos que demanda la prestación del servicio, por lo que muchos agentes terminan afrontando esos costos con recursos propios.

La queja se suma a otros reclamos históricos del sector, vinculados a la sobrecarga de tareas, la falta de personal, los recargos permanentes y la necesidad de mejorar las condiciones laborales en unidades penitenciarias y dependencias administrativas.

En ese escenario, la actualización de los recargos aparece como un intento del Gobierno bonaerense de atender uno de los puntos más sensibles del conflicto, aunque la reacción del personal mostró que la medida quedó lejos de satisfacer las demandas.