Tras la media sanción, el “Súper RIGI” suma rechazos: Salzmann advirtió que otorga “cheques en blanco” por 30 años

La media sanción del denominado “Súper RIGI” en la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de cuestionamientos desde la oposición. La diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, Marina Dorotea Salzmann, rechazó el alcance de la iniciativa y advirtió que el régimen implica la entrega de beneficios extraordinarios a grandes empresas durante un plazo de tres décadas.

El proyecto apunta a incentivar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares a través de ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias por 30 años. Sin embargo, para Salzmann, la propuesta no solo profundiza el esquema ya aprobado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, sino que además abre interrogantes sobre los intereses concretos detrás de su impulso.

“Es un proyecto que se supone viene a generar incentivos a inversiones mayores a los 1.000 millones de dólares, a diferencia del RIGI que tenía que ver con inversiones de menores montos”, explicó la legisladora en declaraciones a Radio Provincia.

En ese sentido, la diputada sostuvo que el nuevo régimen parece responder a demandas puntuales de sectores empresarios que consideraron insuficientes los beneficios contemplados en el RIGI original. “A mí me da a sospechar que el Súper RIGI es un pedido específico de algunas empresas que consideraron que no eran suficientes los beneficios del RIGI y necesitaban más concesiones”, afirmó.

Entre los puntos más cuestionados, Salzmann señaló que las empresas alcanzadas por el régimen pagarían apenas el 10% de las contribuciones patronales destinadas a la seguridad social. También advirtió sobre la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, por debajo del 35% del régimen general y del 25% establecido en el RIGI vigente.

Otro de los aspectos objetados por la legisladora es el límite del 0,5% para el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Según planteó, esa disposición impactaría directamente sobre la capacidad de recaudación de las provincias y profundizaría una distribución desigual de los beneficios. “Hay una división injusta entre ganadores y perdedores”, sostuvo.

Salzmann aclaró que Unión por la Patria no se opone a la existencia de incentivos para atraer inversiones de gran escala, pero cuestionó la extensión temporal y la rigidez del esquema propuesto. Para la diputada, fijar condiciones tan amplias durante 30 años implica reducir la capacidad del Estado para adecuar sus políticas a escenarios futuros.

“Acá se generan cheques en blanco por 30 años. Se podría establecer un esquema más corto porque las condiciones geopolíticas y climáticas pueden cambiar, pero ya se genera algo muy estático que no se puede modificar”, advirtió.

La legisladora también expresó reparos sobre la posibilidad de que las empresas recurran a tribunales internacionales para resolver eventuales conflictos. Según indicó, ese punto implica una cesión de soberanía jurídica y limita la capacidad del país para resolver disputas dentro de su propio marco institucional.

En el cierre de sus cuestionamientos, Salzmann contrapuso el tratamiento acelerado del “Súper RIGI” con la situación de las pequeñas y medianas empresas. Afirmó que distintos sectores industriales vienen reclamando medidas de alivio fiscal en el Congreso frente a una situación crítica, pero que esas demandas no reciben la misma respuesta política.

“Estamos recibiendo en el Congreso a muchos sectores de la industria argentina que están pidiendo medidas de alivio fiscal porque hay una situación crítica. Cerraron 26 mil pymes desde que gobierna Milei y para ellas no hay nada”, concluyó.