La Corte dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso e insistida luego del veto presidencial. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso presentado por el Ejecutivo por considerar que no existía sentencia definitiva.

Con esta decisión, el máximo tribunal mantiene vigente el fallo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que había ordenado al Gobierno cumplir de manera inmediata con los artículos de la norma referidos a la actualización salarial del personal docente y no docente de las universidades públicas, así como a la recomposición de programas destinados a estudiantes.

Aunque el fallo llega después del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios universitarios, la resolución tiene un fuerte peso institucional: ratifica la validez de la intervención judicial frente al incumplimiento de una ley sancionada por el Congreso y representa un respaldo al Parlamento en medio de la disputa por el financiamiento educativo.

Una disputa que llegó a la Corte

El conflicto judicial se originó a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales, en el marco de los reclamos por la falta de actualización presupuestaria, salarial y de programas vinculados al funcionamiento del sistema universitario.

La medida cautelar que ahora quedó firme había ordenado aplicar los artículos 5 y 6 de la ley. Esos puntos establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas estudiantiles.

El Gobierno había vetado la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Congreso insistió en su aprobación. Luego de su promulgación, el Ejecutivo condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento, lo que derivó en nuevas presentaciones judiciales y profundizó el conflicto con el sistema universitario.

El acuerdo previo con las universidades

A comienzos de mes, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, firmó un acuerdo con las universidades públicas para destrabar una disputa que se extendió durante más de dos años, atravesada por marchas masivas, paros docentes y no docentes, reclamos presupuestarios y presentaciones judiciales.

El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y las organizaciones gremiales del sector. Según informó la cartera nacional, el acta establece una recomposición salarial del 24,33% para trabajadores docentes y no docentes universitarios.

Por ese motivo, la resolución de la Corte no implicaría un efecto económico adicional por fuera de lo ya previsto por el acuerdo alcanzado con Nación. Sin embargo, el fallo sí deja una señal política y jurídica clara: el Ejecutivo no puede desconocer de manera unilateral una ley vigente aprobada por el Congreso.

Un aval institucional al reclamo universitario

La decisión del máximo tribunal cierra, al menos en esta instancia, uno de los capítulos judiciales más relevantes del conflicto universitario. Al rechazar el planteo del Estado nacional, la Corte permitió que continúe vigente la cautelar que exige aplicar los puntos centrales de la norma mientras se discute el fondo de la cuestión.

El pronunciamiento también llega en un contexto de fuerte sensibilidad pública alrededor del financiamiento de la educación superior, luego de dos años de reclamos sostenidos por parte de universidades, docentes, no docentes y estudiantes.