El Senado bonaerense aprobó este miércoles una declaración de repudio y preocupación frente al proyecto del Poder Ejecutivo nacional que modifica la Ley 27.637, que regula el régimen de Zona Fría para las tarifas de gas.
La iniciativa fue respaldada por 32 votos afirmativos, luego de un debate que expuso diferencias profundas entre el oficialismo provincial, bloques opositores y legisladores alineados con el Gobierno nacional.
Desde La Libertad Avanza, la senadora Analia Balaudo defendió la modificación impulsada por Nación. Sostuvo que el sistema presentaba un déficit de 150 millones de dólares y cuestionó la existencia de subsidios otorgados a hogares que, según afirmó, no los habían solicitado, a personas fallecidas o a sectores de alto poder adquisitivo. Para la legisladora, el nuevo esquema busca que la asistencia llegue únicamente a los hogares vulnerables y evitar distorsiones tarifarias.
En sentido contrario, la senadora María Fernanda Raverta rechazó la modificación y advirtió sobre el impacto que tendría en Mar del Plata. Señaló que la ciudad atraviesa una situación económica crítica, con dificultades en el puerto, la industria naval, el sector textil, la construcción y el turismo. En ese marco, sostuvo que eliminar el alivio tarifario en el gas implicaría sumar presión sobre familias trabajadoras, jubilados y sectores medios.
La legisladora recordó además que Mar del Plata registra elevados niveles de desocupación y una alta proporción de población mayor de 60 años. En ese contexto, consideró que quitar el régimen de Zona Fría representa un golpe adicional en una ciudad particularmente afectada por el actual modelo económico.
También la senadora Valeria Arata pidió sostener el régimen y remarcó que el problema alcanza a 90 distritos bonaerenses. Planteó que no se trata de un privilegio, sino de un esquema diferencial para hogares que enfrentan condiciones climáticas adversas. Además, advirtió que las facturas podrían aumentar entre un 31% y un 50% para vecinos y vecinas de la provincia.
El senador Marcelo Feliú sumó el caso de Bahía Blanca y defendió el régimen desde una mirada federal. Sostuvo que el beneficio responde a condiciones estructurales objetivas y advirtió que su eliminación podría implicar una regresividad en derechos sociales. Además, remarcó que el fondo que financia el régimen seguiría vigente, por lo que cuestionó el destino de esos recursos si menos usuarios reciben el beneficio.
Con la aprobación de la declaración, el Senado bonaerense envió una señal política contra el avance del proyecto nacional y pidió a los legisladores nacionales que revisen una medida que, según advirtieron distintos bloques, podría impactar de lleno en los hogares de zonas frías de la provincia.