La crisis que atraviesa la industria pesquera volvió a encender los reclamos hacia el gobierno bonaerense. En un contexto marcado por el cierre de plantas, pérdida de puestos de trabajo y caída de rentabilidad, sectores vinculados a la actividad pidieron a la gestión de Axel Kicillof avanzar en la recuperación de la Subsecretaría de Pesca, degradada a Dirección Provincial desde la llegada de Daniel Scioli a la Gobernación, en 2007.
El planteo surge en un momento delicado para las empresas con barcos costeros y fresqueros, además de las fábricas de procesamiento en tierra, donde se concentran los mayores costos fijos y los márgenes más estrechos de la actividad. La situación golpea especialmente a Mar del Plata, principal puerto pesquero del país, donde se descarga y procesa más de la mitad de los pescados y mariscos de la Argentina. Durante 2025, según datos del sector, la ciudad sufrió el cierre de 12 fábricas, con un saldo de alrededor de 600 personas desempleadas.
Entre los factores que explican el deterioro de la actividad aparecen la suba de tasas impositivas, el incremento del combustible, el aumento de las tarifas energéticas, el atraso cambiario, las retenciones, el impuesto a las ganancias sobre el personal embarcado y la caída de los precios internacionales. Frente a ese cuadro, los cuestionamientos apuntan a la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales y provinciales.
En los últimos días, la Provincia anunció la conformación de una Mesa sectorial integrada por gremios, cámaras empresarias, el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Trabajo. El objetivo será elevar reclamos al Consejo Federal Pesquero y fijar posición frente a decisiones impulsadas por el Gobierno nacional, como ocurrió con la propuesta de transferir cuotas de captura, finalmente desestimada.
Sin embargo, desde el sector consideran que la apertura de un espacio de diálogo resulta insuficiente si no viene acompañada por una decisión política de mayor peso: devolverle jerarquía institucional al área pesquera bonaerense. Para quienes impulsan el reclamo, elevar el rango de la actual Dirección Provincial no sería apenas un cambio administrativo, sino una señal concreta sobre el lugar que ocupa la actividad en la agenda de gobierno.
El contraste con otras provincias pesqueras refuerza el planteo. Santa Cruz cuenta con una Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura; Chubut tiene una Secretaría de Pesca; Río Negro, aun con menor peso relativo de la actividad, mantiene una Subsecretaría de Pesca y Producción Acuícola. Buenos Aires, pese a su peso económico y productivo, conserva un rango menor, similar al de Neuquén, donde la pesca no tiene una incidencia significativa.
La última gestión bonaerense que contó con una Subsecretaría de Actividades Pesqueras fue la de Felipe Solá, entre 2003 y 2007. En ese período, Oscar Fortunato estuvo al frente del área. Desde entonces, casi dos décadas después, ningún gobierno provincial volvió a jerarquizarla.
El reclamo se apoya también en el peso específico de Buenos Aires dentro de la economía nacional. La Provincia genera cerca del 35% del Producto Bruto del país y, en materia pesquera, recibe aproximadamente el 55% de la materia prima total. Además, aporta cerca del 30% del Valor Agregado Bruto del sector y cuenta con unos 40 municipios donde se practica la pesca continental, tanto comercial como deportiva.
Para los actores de la actividad, esa dimensión vuelve inexplicable que la pesca no tenga un lugar más relevante dentro del organigrama provincial. También advierten que la crisis actual podría representar una oportunidad para recomponer el vínculo entre el Estado bonaerense y el sector, con una agenda de trabajo que incluya medidas concretas.
Entre los puntos que aparecen como prioritarios figuran una mayor cuota social para la Provincia, una posición activa frente a la cuantificación del langostino y políticas que permitan agregar valor, abrir nuevos mercados mediante certificaciones y desarrollar la acuicultura.