Curestis volvió a reclamar la prohibición de celulares en cárceles bonaerenses

El debate por el uso de celulares en las cárceles bonaerenses volvió a instalarse en la Legislatura provincial luego de una causa por extorsiones que tuvo como punto de origen la Unidad Penitenciaria N°43 de González Catán, en el partido de La Matanza. En ese contexto, el titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, insistió con la necesidad de avanzar en una prohibición y reclamó medidas urgentes al Ejecutivo provincial.

La presentación del legislador libertario se conoció tras el desmantelamiento de una organización delictiva que, según la investigación, utilizaba teléfonos celulares desde el interior del penal para realizar amenazas, extorsiones y maniobras de fraude. Para Curestis, el caso expone una falla estructural del sistema penitenciario y obliga a revisar el esquema vigente de comunicación de las personas privadas de la libertad.

“El uso de celulares desde las cárceles bonaerenses para coordinar extorsiones, amenazas, maniobras de fraude y actividad delictiva organizada es una problemática recurrente y documentada que el Estado provincial tiene la obligación de atender con urgencia y eficacia”, sostuvo el senador en los fundamentos de su iniciativa.

Una causa que encendió la alarma

El caso que reactivó la discusión legislativa comenzó a partir de la denuncia de un hombre que había ingresado al sitio web “Gemidos TV”. De acuerdo con el planteo parlamentario, integrantes de la organización lo contactaron luego, se hicieron pasar por proxenetas y lo amenazaron con atacar a su familia si no entregaba dinero.

Bajo esa modalidad extorsiva, la víctima terminó pagando USD 10.000 y realizó además transferencias bancarias por $3 millones. A partir de las pesquisas, los investigadores determinaron que las comunicaciones partían desde la Unidad Penitenciaria N°43 de González Catán, desde donde la banda utilizaba dispositivos móviles para captar víctimas y mover fondos ilícitos.

El operativo fue realizado el pasado 8 de junio por el Departamento de Casos Especiales de la Policía bonaerense e incluyó 31 allanamientos simultáneos en distintos puntos del Conurbano y en las unidades penitenciarias N°43 y N°58, ambas ubicadas en La Matanza.

El procedimiento terminó con 32 personas detenidas, entre ellas un efectivo de la Policía bonaerense y dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. También se secuestraron decenas de teléfonos celulares y tarjetas SIM. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°5 de La Matanza, a cargo de Juan Marcelo Diomede.

Perfiles falsos, cuentas mulas y datos obtenidos por Telegram

Según el proyecto impulsado por Curestis, la organización utilizaba perfiles falsos en plataformas digitales y bases de datos obtenidas a través de Telegram para reunir información personal de las víctimas. También se valía de cuentas bancarias de terceros, conocidas como “cuentas mulas”, para canalizar el dinero proveniente de las extorsiones.

Para el jefe de la bancada libertaria, el caso revela una situación de gravedad institucional, ya que personas bajo custodia del Estado provincial habrían contado con teléfonos en funcionamiento dentro de una unidad penitenciaria y los habrían utilizado de manera sistemática para cometer nuevos delitos.

“Los hechos descriptos revelan una falla estructural de gravedad institucional: personas privadas de su libertad, bajo la custodia del Estado provincial, disponían de teléfonos celulares en funcionamiento dentro de una unidad penitenciaria y los utilizaban de manera sistemática y organizada para cometer delitos contra la ciudadanía”, cuestionó Curestis.

El senador también apuntó contra las posibles complicidades internas. En ese sentido, advirtió que la detención de agentes del propio Servicio Penitenciario Bonaerense agrava el cuadro, porque podría indicar mecanismos de ingreso y circulación de dispositivos dentro de los establecimientos carcelarios.

Reclamo por inhibidores, controles y requisas

Ante este escenario, Curestis reclamó una respuesta inmediata del Gobierno bonaerense. Entre los puntos centrales de su planteo aparecen el refuerzo de los controles de ingreso, la intensificación de las requisas en las unidades penitenciarias y la implementación sostenida de inhibidores de señal de telefonía celular.

“La privación de la libertad no puede constituir, bajo ninguna circunstancia, una plataforma para la comisión de nuevos delitos contra la sociedad”, remarcó el legislador.

La discusión tiene como antecedente el protocolo dictado durante la pandemia de COVID-19, que permitió la tenencia de teléfonos celulares por parte de internos para garantizar el contacto con familiares y afectos, el acceso a actividades educativas y la información vinculada a su situación procesal.

Sin embargo, desde distintos sectores de la oposición sostienen que ese esquema debe ser revisado de manera integral, especialmente después de una serie de investigaciones judiciales sobre estafas y extorsiones realizadas desde el interior de cárceles bonaerenses.

El de Curestis se suma a otros proyectos que ya fueron presentados en la Legislatura bonaerense. En marzo, el diputado Oscar Liberman impulsó la denominada “Ley Rodrigo”, una iniciativa para prohibir el uso de celulares en cárceles provinciales. El proyecto lleva el nombre de Rodrigo Gómez, un soldado que se quitó la vida tras una extorsión telefónica que, según la investigación, habría tenido origen en el penal de Magdalena.

Esa propuesta plantea dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” y limitar las comunicaciones de los internos a dispositivos provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Además, establece un máximo de dos horas diarias de comunicación y un listado de hasta cinco contactos autorizados.

El reclamo también encontró eco en el PRO. El titular del bloque en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, presentó un proyecto para crear un Sistema de Comunicación Digital Supervisada que reemplace los dispositivos particulares por canales oficiales y controlados por el Estado. El legislador de la Cuarta sección también fue víctima del uso indebido de su identidad en maniobras dirigidas a comerciantes de Junín.

“Si no se actúa, las estafas siguen saliendo desde adentro. Es ahora”, sostuvo Petrecca al reclamar una definición política del Gobierno provincial.

La discusión incluso alcanzó al peronismo, con una iniciativa de la senadora massista Malena Galmarini para prohibir la tenencia de celulares y dispositivos tecnológicos no autorizados en cárceles, aunque con sistemas supervisados que garanticen el contacto de los internos con familiares y abogados.

“El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó Galmarini al defender su proyecto.