Buscan frenar el remate de predios nacionales en territorio bonaerense

Mientras la Casa Rosada avanza con su estrategia de desprenderse de activos estatales considerados “ociosos”, la provincia de Buenos Aires intenta ponerle un freno político, administrativo y territorial a una medida que despierta cada vez más cuestionamientos en municipios, organismos productivos y sectores vinculados a la investigación científica.

El último capítulo de esa disputa se abrió con la publicación del Decreto 322/2026, mediante el cual el Gobierno nacional autorizó la venta o transferencia de 21 inmuebles estatales declarados en desuso. De ese total, once están ubicados en territorio bonaerense.

La decisión forma parte de la política de administración patrimonial que lleva adelante la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo encargado de disponer de inmuebles nacionales que el Ejecutivo considera innecesarios para el funcionamiento estatal. Desde Nación defienden la medida bajo el argumento de optimizar recursos, reducir costos de mantenimiento y generar ingresos para el Tesoro.

Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires la lectura es otra. Para distintos sectores políticos, productivos y sindicales, la venta de tierras públicas no puede analizarse únicamente como una operación inmobiliaria. El planteo apunta a que muchos de esos predios tienen valor estratégico para el desarrollo local, la planificación urbana, la investigación, la producción agropecuaria, el hábitat y el equipamiento comunitario.

En ese escenario, el diputado bonaerense de Fuerza Patria y exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer las herramientas de los municipios para intervenir frente a la venta de inmuebles nacionales ubicados en la Provincia.

La iniciativa aparece en medio de una disputa más amplia entre Nación y Provincia por el destino de predios ferroviarios, tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y desarrollos habitacionales vinculados al extinto programa Procrear.

Los terrenos en la mira

Entre los inmuebles bonaerenses incluidos en el paquete autorizado por el Gobierno nacional figuran terrenos ferroviarios de las estaciones Barrow, en Tres Arroyos; Mouras, en la localidad de Salazar, partido de Daireaux; y Mariano H. Alfonzo, en Pergamino.

También aparece un amplio predio ubicado en Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, donde funcionó un estacionamiento para camiones.

Para el oficialismo nacional, se trata de activos sin uso que pueden convertirse en recursos económicos. Para la Provincia y los municipios afectados, en cambio, son tierras con potencial impacto territorial y comunitario, cuya venta podría condicionar futuras políticas públicas.

La discusión no es menor. En muchos casos, estos predios están ubicados en zonas urbanas o periurbanas con valor estratégico para proyectos de infraestructura, espacios verdes, viviendas, centros comunitarios o desarrollos productivos. Por eso, el debate excede el precio de venta y se instala en una pregunta más profunda: quién decide el destino de esos bienes y con qué criterio.

La avanzada sobre el INTA

La polémica se profundizó con la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Durante los últimos meses, el organismo avanzó en el cierre de agencias de extensión rural y en la transferencia de inmuebles a la AABE para su posterior disposición.

En territorio bonaerense, las medidas alcanzan dependencias ubicadas en localidades como Vedia, Rojas, Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Necochea, Balcarce, Saladillo y Mayor Buratovich, entre otras.

Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof inició gestiones para que parte de esos predios sean transferidos a la Provincia en lugar de ser subastados.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, sostuvo que esos espacios podrían utilizarse para fortalecer tareas de investigación, capacitación y extensión vinculadas a la producción agropecuaria.

La Provincia cuenta actualmente con 16 chacras experimentales y considera que la preservación de esas tierras resulta clave para sostener capacidades científicas y tecnológicas orientadas al sector productivo.

Para organizaciones de trabajadores y referentes agropecuarios, el avance sobre los inmuebles del INTA no representa sólo una política de venta de propiedades, sino también un proceso de reducción de estructuras estatales destinadas al acompañamiento de pequeños y medianos productores.

En esa mirada, el ajuste patrimonial se cruza con el desmantelamiento de capacidades técnicas, científicas y territoriales que durante décadas permitieron sostener programas de extensión rural, asistencia productiva y desarrollo local.

La respuesta de la Legislatura

El proyecto presentado por Acerbo busca intervenir precisamente en ese punto. La propuesta apunta a garantizar que cualquier transformación urbanística derivada de la venta de tierras públicas nacionales quede sujeta a las normas de ordenamiento territorial vigentes en cada municipio bonaerense.

Además, prevé la intervención de organismos registrales y catastrales provinciales para impedir la consolidación de operaciones que no acrediten el cumplimiento de requisitos urbanísticos, ambientales y territoriales.

“Nos encontramos ante un inventario dinámico y en expansión de bienes públicos nacionales sometidos a procesos de disposición patrimonial, muchos de ellos localizados en áreas urbanas o rurales de significativo impacto territorial, productivo y comunitario”, advirtió el legislador.

Acerbo remarcó que, aunque el Gobierno nacional fundamenta las ventas en criterios de eficiencia fiscal, existen numerosos inmuebles cuya relevancia trasciende cualquier análisis económico.

“Numerosos bienes involucrados poseen funciones estratégicas vinculadas al interés público, la investigación científica, el hábitat, el ambiente, la memoria histórica, el desarrollo territorial o el equipamiento comunitario”, sostuvo.

La iniciativa busca, en los hechos, abrir un nuevo frente de resistencia institucional frente al plan de desprendimiento de activos impulsado por la administración libertaria. No impide por sí sola que Nación avance con las ventas, pero pretende obligar a que esos procesos se ajusten a las regulaciones provinciales y municipales.

Una disputa por el rol del Estado

La discusión por las tierras públicas se suma a un debate más amplio sobre el modelo de Estado que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Durante los últimos meses, la administración nacional avanzó también con la liquidación de activos vinculados al Procrear y con distintas subastas de inmuebles pertenecientes a organismos nacionales. Según datos oficiales, el Estado ya obtuvo cerca de 280 millones de dólares a partir de estas operaciones.

Para la Casa Rosada, se trata de una estrategia coherente con su programa de reducción del gasto público, reorganización estatal y generación de ingresos extraordinarios.

Para la Provincia, en cambio, el riesgo está en convertir bienes con valor social, productivo y territorial en simples activos de mercado. La diferencia no es técnica, sino política: mientras Nación habla de eficiencia fiscal, Buenos Aires advierte sobre el posible vaciamiento de herramientas públicas clave para planificar ciudades, sostener la investigación y acompañar al sector productivo.

“La Provincia de Buenos Aires y sus municipios no pueden quedar reducidos a meros espectadores frente a procesos de enajenación de bienes públicos nacionales con potencial impacto estructural sobre sus ciudades, territorios, ambientes y comunidades”, concluyó Acerbo.

El proyecto ingresado en la Legislatura bonaerense promete sumar otro capítulo a la tensión entre el gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof. En el fondo, la disputa no se limita a un listado de terrenos: pone en discusión si el patrimonio público debe ser tratado como una caja de emergencia fiscal o como una herramienta estratégica para el desarrollo.