La senadora bonaerense Natalia Quintana, referente de la Unión Cívica Radical, volvió a manifestar su preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con enfermedades oncológicas tras los cambios impulsados por la Secretaría de Transporte de la Nación en el sistema de acceso al transporte gratuito.
La legisladora apuntó contra la reconfiguración del esquema, luego de que se registraran largas filas en distintas oficinas de ANSES como consecuencia de las fallas en la plataforma digital oficial. Según advirtió, el colapso del sistema informático dejó expuestas las deficiencias de una reforma que, lejos de facilitar el acceso al derecho, terminó generando nuevas barreras para los sectores más vulnerables.
Quintana ya había alertado, mediante un proyecto legislativo, sobre las consecuencias de la eliminación del Régimen de Compensaciones Económicas, que financiaba los pasajes gratuitos en el transporte automotor de larga distancia. Para la senadora, la decisión del Gobierno nacional afectó directamente la posibilidad concreta de garantizar el traslado de quienes necesitan viajar por razones de salud, tratamiento o acompañamiento.
La posterior implementación de una plataforma digital para vincular el Certificado Único de Discapacidad, conocido como CUD, con la tarjeta SUBE tampoco logró resolver el problema. Por el contrario, según denunció Quintana, las fallas técnicas generalizadas profundizaron la crisis y obligaron a muchas personas a concurrir presencialmente a las sedes de ANSES, incluso en condiciones climáticas adversas.
“Un derecho plasmado en un papel o en una resolución nominal no garantiza el acceso real al beneficio si el Estado quita el financiamiento práctico y diseña herramientas deficientes. Hoy vemos a cientos de personas con discapacidad y a sus familias haciendo extensas filas bajo el frío en las sedes de ANSES, como la de Constitución, simplemente porque la página web oficial se cae constantemente y no les permite realizar el trámite online. Esto no es modernización, es desamparo”, sostuvo la legisladora.
La senadora remarcó además que el escenario actual evidencia una falta de previsión por parte del Poder Ejecutivo nacional. En ese sentido, señaló que para una persona con movilidad reducida, un paciente oncológico o una familia que acompaña un tratamiento médico, cada trámite presencial implica un esfuerzo adicional que no puede ser tratado como un simple inconveniente administrativo.
“Por mi experiencia de trabajo en el ámbito de la salud, sé perfectamente lo que implica para un paciente oncológico o una persona con movilidad reducida tener que trasladarse y someterse a trámites burocráticos engorrosos”, expresó Quintana.
Frente a este panorama, la legisladora exigió que el Gobierno nacional garantice de manera inmediata el correcto funcionamiento de las plataformas de registro vinculadas a la SUBE, resuelva las caídas del sistema y amplíe los plazos para que todas las personas alcanzadas por el beneficio puedan realizar el trámite en tiempo y forma.
También reclamó que se asegure la coexistencia de la acreditación física con el CUD y que las empresas de transporte respeten ese mecanismo sin imponer trabas, arbitrariedades ni requisitos adicionales.
Para Quintana, el problema no se limita a una falla tecnológica, sino que refleja una política pública mal diseñada, sin contemplar las condiciones reales de quienes dependen del transporte gratuito para sostener tratamientos, controles médicos o traslados esenciales. En ese marco, advirtió que la digitalización, cuando no garantiza accesibilidad ni funcionamiento efectivo, termina convirtiéndose en una nueva forma de exclusión.