El Gobierno bonaerense rechazó la decisión del Consejo Federal Pesquero de habilitar la incorporación de nuevos buques costeros destinados a la captura de calamar y presentó un recurso de reconsideración para suspender la medida. Desde la Provincia advirtieron que la resolución nacional avanza sin los estudios científico-técnicos necesarios y podría afectar la sustentabilidad del recurso, la actividad de las embarcaciones que ya operan y los puestos de trabajo vinculados al sector.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, explicó que la Provincia presentó “un recurso para suspender una resolución nacional que habilita sumar hasta 18 barcos costeros, destinados a la captura de calamar”. Según señaló, se trata de “una resolución absolutamente inédita del Consejo Federal Pesquero”, ya que impulsa un proceso de licitación sin un análisis técnico previo sobre el mayor esfuerzo pesquero que implicaría la incorporación de nuevas embarcaciones.
Rodríguez aclaró que el planteo administrativo constituye una instancia previa a una eventual presentación judicial, en caso de que las autoridades nacionales no revisen la decisión. “Es una instancia previa a un reclamo judicial”, sostuvo el funcionario, al remarcar la preocupación del Ejecutivo bonaerense por el impacto que podría generar la medida en el sector pesquero.
Rechazo unánime del sector
El ministro también detalló que la Provincia mantuvo una reunión con gremios, cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo bonaerense, en la que se expresó un rechazo unánime a la incorporación de los nuevos buques.
“Tuvimos una reunión muy importante con gremios, cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde expresamos un pronunciamiento unánime en cuanto a rechazar esto”, afirmó Rodríguez.
El funcionario señaló que la decisión nacional “está poniendo en juego la sustentabilidad del calamar y de las embarcaciones que hoy llevan adelante la pesca”. En ese sentido, sostuvo que la medida no solo genera preocupación ambiental, sino también productiva y laboral, especialmente en ciudades con fuerte dependencia de la actividad pesquera, como Mar del Plata.
Desde la Provincia cuestionan que la resolución haya sido tomada de manera inconsulta con los actores del sector. Para Rodríguez, el avance del Consejo Federal Pesquero desconoce tanto la dinámica productiva existente como la necesidad de preservar el recurso a largo plazo.
Críticas al modelo extractivo
El titular de la cartera agraria bonaerense enmarcó la decisión dentro de una política nacional que, según sostuvo, prioriza ganancias de corto plazo por sobre la sustentabilidad y la producción local.
“Estamos frente a un Gobierno que favorece el extractivismo y algunas ganancias de muy corto plazo, siempre en beneficio de los procesos de concentración, sin tener en cuenta el entramado productivo que existe en la Provincia, en Mar del Plata y en el país”, expresó Rodríguez.
En esa línea, advirtió que la resolución “no solo no tiene en cuenta la sustentabilidad del recurso, sino tampoco los puestos de trabajo y las empresas que están operando actualmente en la pesca”.
El cuestionamiento apunta a uno de los principales temores del sector: que el aumento del esfuerzo pesquero sobre el calamar genere una presión adicional sobre el recurso y altere el equilibrio de una actividad que requiere planificación, control y respaldo científico.
Pesca, trabajo y soberanía
Rodríguez también vinculó el rechazo bonaerense con una discusión más amplia sobre la soberanía marítima argentina. Para el ministro, las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en materia pesquera forman parte de un proceso de abandono del rol estratégico del Estado sobre el Mar Argentino.
“Cuando vemos estos ataques sostenidos en relación a la pesca, consideramos que es parte del abandono del ejercicio de la soberanía sobre nuestro Mar”, sintetizó.
Con el recurso de reconsideración ya presentado, la Provincia buscará frenar la resolución del Consejo Federal Pesquero y abrir una instancia de revisión. Mientras tanto, gremios, cámaras empresariales y autoridades bonaerenses coinciden en reclamar que cualquier modificación sobre la actividad pesquera debe contar con estudios técnicos, consulta al sector y una mirada que contemple la sustentabilidad del recurso, el empleo y el desarrollo productivo regional.