El peronismo criticó la privatización de la Hidrovía: “Se posterga la salida soberana al mar"

La adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, volvió a encender el debate político en torno al control de una infraestructura clave para el comercio exterior argentino. Desde el bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense cuestionaron la decisión del Gobierno nacional de otorgar la operación al consorcio Jan de Nul-Servimagnus y advirtieron que la medida profundiza una lógica de subordinación de los intereses nacionales a actores externos.

La diputada bonaerense Soledad Alonso sostuvo que la nueva concesión “representa un profundo retroceso político y geoestratégico” y planteó que, con esta decisión, “se vuelve a profundizar un esquema heredado de la década del 90 y se posterga la salida soberana al mar a través del Canal Magdalena”.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es considerada la principal vía de navegación del país, ya que conecta puertos y terminales fluviales con el océano. Por ese corredor se moviliza una parte decisiva del comercio exterior argentino, incluido más del 80% del transporte de contenedores y casi la totalidad de las exportaciones de vehículos.

En ese marco, Alonso advirtió que la decisión del Ejecutivo nacional tendrá consecuencias directas sobre distritos bonaerenses con fuerte perfil productivo y portuario, como Campana y Zárate, nodos centrales del sistema industrial y logístico de la provincia de Buenos Aires.

“Traerá consecuencias concretas sobre la actividad económica, la industria y el empleo”, señaló la legisladora provincial de Fuerza Patria, al cuestionar el impacto territorial de la nueva concesión.

Una concesión por 25 años

El Gobierno nacional confirmó en las últimas horas la adjudicación de la Hidrovía al consorcio Jan de Nul-Servimagnus, que conformará la sociedad Vía Navegable Argentina. Esa firma tendrá a su cargo la operación, el mantenimiento, el dragado, la señalización y las obras del corredor durante los próximos 25 años.

Según la propuesta presentada en la licitación, la empresa estableció distintos valores de peaje para cada etapa del recorrido: USD 3,80 para la etapa 0, USD 4,65 para la etapa 1 y USD 5,78 para la etapa 2. En total, el esquema consolida una tarifa de USD 14,23 para un trayecto de casi 1.500 kilómetros, que incluye 239 kilómetros en el Río de la Plata, 590 kilómetros en el Paraná Inferior y otros 630 kilómetros en el Paraná Superior.

La licitación es considerada una de las más relevantes impulsadas hasta ahora por la administración de Javier Milei, debido al peso estratégico de la Vía Navegable Troncal en la salida de las exportaciones agroindustriales argentinas. El contrato prevé una ganancia mínima del 6% sobre los peajes cobrados y un esquema de control sobre inversiones y calidad del servicio.

Críticas por soberanía, ambiente y participación ciudadana

Desde Fuerza Patria insistieron en que el debate sobre la Hidrovía no puede reducirse a una discusión técnica o administrativa, sino que involucra una definición política sobre soberanía, desarrollo productivo y control de los recursos estratégicos.

“Esta lógica subordina los intereses nacionales a los de actores externos. Recuperar el Paraná es defender una herramienta estratégica para el desarrollo argentino y ponerla al servicio de la producción y el trabajo nacional”, expresó Alonso.

El proceso licitatorio también recibió cuestionamientos por parte de organismos de control. Entre las observaciones señaladas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, se destacó el presunto incumplimiento del Acuerdo de Escazú en materia de acceso a la información ambiental durante la audiencia pública.

Según esas objeciones, la Administración General de Puertos y Navegación puso a disposición más de 9.000 páginas de documentación en un plazo considerado demasiado breve, lo que habría impedido una participación ciudadana real y efectiva.