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El Gobierno sube 2,1% las prestaciones por discapacidad y sostiene plus del 20% para la Patagonia
08:38 | La actualización rige desde junio para todo el nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas y se definió tras conocer la inflación de mayo. La medida llega mientras el sector reclama la Ley de Emergencia en Discapacidad y el oficialismo impulsa cambios en pensiones por invalidez.
El Gobierno nacional oficializó un aumento del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La suba rige desde junio y alcanza a todas las prestaciones incluidas en el nomenclador vigente.
La decisión quedó formalizada en la resolución 1297/2026 del Boletín Oficial, firmada por el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches. El porcentaje surge de la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor durante mayo.
Adicional para la región patagónica
La normativa ratificó un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones que se brinden en las provincias patagónicas. El fundamento es compensar los mayores costos operativos que enfrentan los prestadores por las características geográficas y logísticas de la zona, considerada desfavorable.
Con la actualización, un centro de día con jornada doble pasará a percibir $1.058.791,92 y uno de jornada simple, $563.272,78. Los centros educativos terapéuticos recibirán hasta $1.189.351,59 por jornada doble. También se ajustaron los valores de estimulación temprana, rehabilitación, transporte y alimentación, entre otros servicios del sistema.
Reclamos y cambios en pensiones
La suba se oficializó en medio de reclamos de organizaciones, prestadores y familias vinculadas a la discapacidad, que piden la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso el año pasado.
En paralelo, el Gobierno impulsa en el Senado el proyecto “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que propone modificar el régimen de pensiones no contributivas. La iniciativa prevé un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios, nuevos mecanismos de control y fiscalización, redefinición de requisitos de acceso y endurecimiento de las condiciones para conservar el beneficio.
El texto establece que las pensiones por invalidez equivalgan al 70% de la jubilación mínima y plantea nuevas incompatibilidades para quienes accedan a empleos formales, además de cambios en el esquema de financiamiento y administración de las prestaciones.
