Revés para el Gobierno: la Justicia bloqueó la privatización de AySA y exige garantizar obras

La Justicia bonaerense puso un freno al plan del Gobierno de Javier Milei para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El juez Mariano López, del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, dictó una medida cautelar que suspende el proceso y ordena a la empresa mantener sin cambios la prestación, las inversiones y la infraestructura en los 26 municipios donde opera. 

El planteo de la Defensoría del Pueblo

La acción fue impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia, a cargo de Guido Lorenzino. El organismo advirtió que el esquema de concesión diseñado por Nación no contempla de manera suficiente la expansión de redes, el mantenimiento, las obras de saneamiento y la remediación ambiental. Según la presentación, existía riesgo de flexibilizar exigencias regulatorias y postergar inversiones estratégicas para un servicio esencial.

Qué dijo el juez sobre el impacto del proceso

En su resolución, López señaló que el nuevo esquema para AySA no refuerza las garantías de acceso universal al servicio ni incorpora mayores mecanismos de prevención o recomposición ambiental. En una evaluación preliminar, advirtió que podría derivar en una flexibilización de controles y en demoras de obras críticas. Por eso otorgó una cautelar de no innovar mientras se analiza el fondo de la cuestión.

Cómo es el plan de privatización del Gobierno

El esquema oficial contempla vender al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico y colocar el resto en el mercado. La empresa adjudicataria quedaría a cargo del servicio bajo un contrato de concesión por 30 años, con opción de extenderlo 10 años más. El Ministerio de Economía ya había avanzado con el llamado a licitación para desprenderse de la mayor parte de la participación estatal.

El antecedente de los años noventa

El debate reavivó la experiencia de privatización de los noventa. AySA tiene origen en Obras Sanitarias de la Nación, creada en 1912. En el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue concesionado a Aguas Argentinas, del grupo francés Suez. En 2006, Néstor Kirchner recuperó el control estatal tras cuestionamientos por falta de inversiones y expansión de red. Estudios académicos marcaron aumentos tarifarios y controversias por calidad del servicio en esa etapa.

Mientras sigue la discusión judicial, la cautelar obliga a AySA a mantener intactos sus niveles de operación, infraestructura y obras hasta que se resuelva el planteo de fondo sobre la legalidad e impacto del proceso de privatización.