La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tratará un proyecto de ley que propone regular el uso, la venta, la promoción y la publicidad de vapeadores y otros productos emergentes de tabaco y nicotina. La iniciativa apunta especialmente a limitar el acceso de menores de 18 años y a incorporar estos dispositivos a un esquema de control similar al que rige para el tabaco tradicional.
El proyecto es impulsado por la legisladora Manuela Thourte, de la UCR, y llega al recinto en un contexto de creciente preocupación por el aumento del consumo de estos productos entre adolescentes y jóvenes. La propuesta se enmarca, además, en la reciente modificación de la normativa nacional, que dejó atrás el esquema prohibicionista y avanzó hacia un sistema de registro y control.
Restricciones para menores y espacios públicos
La iniciativa prohíbe la venta, entrega o suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina a menores de 18 años. También plantea restricciones para su uso en espacios cerrados de acceso público, entre ellos medios de transporte, hospitales, escuelas y centros culturales.
En los fundamentos del proyecto se advierte que los productos emergentes de tabaco y nicotina registraron una expansión significativa en la Argentina y en el mundo, con fuerte penetración en la población adolescente. El texto señala que estos dispositivos suelen ser percibidos como menos riesgosos que el cigarrillo convencional, pese a contener nicotina, una sustancia altamente adictiva, y otras sustancias potencialmente nocivas para la salud.
Preocupación por el consumo adolescente
El proyecto incorpora datos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, Sedronar, según los cuales el 35,5% de los adolescentes de entre 13 y 17 años que asisten a establecimientos educativos de gestión estatal y privada manifestó haber consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida.
Además, el 16,7% declaró haberlos utilizado en los últimos 30 días. Para los autores de la iniciativa, estos números reflejan una señal de alarma sobre la naturalización del vapeo en edades tempranas y la necesidad de establecer límites más claros para su comercialización y consumo.
La propuesta también incluye aportes de la legisladora y médica Claudia Negri, de Fuerza por Buenos Aires, orientados a reforzar la vigilancia epidemiológica y la respuesta sanitaria frente a los efectos del vapeo.
Publicidad, sanciones y campañas de concientización
El texto legislativo prohíbe la publicidad, las promociones, las ofertas gratuitas y el patrocinio de estos productos fuera de los comercios habilitados. En los puntos de venta autorizados, la exhibición deberá incluir advertencias sanitarias visibles.
También se prevén campañas de concientización en escuelas sobre los efectos de la nicotina en el cerebro adolescente, así como la obligación de informar a personas gestantes sobre los riesgos asociados al consumo durante el embarazo.
El régimen de sanciones contempla multas de entre 500 y 5.000 unidades fijas, equivalentes actualmente a montos que van desde $474.995 hasta $4.749.950. Además, se podrá disponer el decomiso de mercadería y la clausura o inhabilitación de los comercios infractores.
Riesgos para la salud y seguimiento sanitario
Entre sus fundamentos, el proyecto sostiene que los vapeadores y otros productos similares fueron promovidos de manera engañosa como alternativas menos nocivas o como herramientas eficaces para dejar de fumar. Sin embargo, advierte que la evidencia científica disponible indica que estos dispositivos no están exentos de riesgos y que su consumo puede ser especialmente perjudicial en etapas tempranas de la vida.
La iniciativa también plantea actualizar los programas de cesación tabáquica en hospitales y centros de salud, con protocolos específicos para usuarios de vapeadores. Además, propone crear un sistema de registro local de casos de Evali, una lesión pulmonar asociada al vapeo.
El texto cita advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre los efectos de la exposición a la nicotina antes de los 25 años, al señalar que puede producir alteraciones estructurales y funcionales en el sistema nervioso central, con impacto en la atención, el aprendizaje, la memoria y el control de los impulsos.
También se apunta al impacto ambiental
La normativa porteña no se limita al aspecto sanitario. También exige una gestión diferenciada de los residuos electrónicos y plásticos derivados de estos dispositivos. Para ello, establece la implementación de protocolos y sistemas de recolección a través de los Puntos Verdes de la Ciudad.
El proyecto adopta los criterios fijados por la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, que incorporó estos productos al marco de la Ley Nacional de Tabaco y estableció restricciones sobre sabores, diseños y requisitos de comercialización.