Pesca fresquera pidió al Consejo Federal Pesquero declarar la emergencia del sector por “quebranto estructural”

Cámaras y armadores de la pesca fresquera presentaron esta semana una nota al Consejo Federal Pesquero (CFP) en la que solicitaron declarar la emergencia de la actividad y reclamaron la intervención del Gobierno nacional para frenar la crisis del sector.

El miércoles, un grupo de empresas e instituciones de la cadena fresquera fue recibido por el CFP en la Ciudad de Buenos Aires, tras la suspensión de una reunión prevista para mediados de mayo. En el encuentro reiteraron la “situación crítica” por la falta de rentabilidad, el aumento del combustible superior al 80% y la carga burocrática con más de 143 trámites.

“La situación ya no admite diagnósticos parciales, respuestas tardías ni medidas meramente simbólicas. Hemos dicho basta”, señalaron en la nota entregada a las autoridades. Advirtieron que está comprometida “la continuidad de un sector centenario, de capital nacional, generador de empleo argentino y de valor agregado en tierra”.

Responsabilidades y factores de la crisis  
Desde el sector afirmaron que los problemas actuales son resultado de décadas de “decisiones equivocadas” y remarcaron que “la crisis no es nueva”, sino que la pesca fresquera “arrastra más de dos décadas de descapitalización, caída del valor agregado, costos dolarizados y regulaciones obsoletas”.

“No venimos a echarle la culpa de todo al Gobierno. También asumimos nuestra propia responsabilidad”, expresaron. Sin embargo, sostuvieron que “la actual política económica no causó la crisis” sino que “la desnudó” y “la agravó”.

Entre los factores que afectan la competitividad mencionaron el aumento del 500% del Derecho Único de Extracción, el incremento de la Tasa de Asignación Inicial de Merluza, la suba del gasoil, la continuidad de los derechos de exportación, las demoras en las devoluciones de IVA y la elevada carga burocrática.

“Hoy ya no estamos pidiendo que nos salven. Cuando el barco todavía está a flote, el salvavidas sirve. Cuando el sector está veinte metros debajo del agua, se necesita un buzo para el rescate”, advirtieron.

Datos económicos y caída de la rentabilidad  
La presentación incluyó un diagnóstico de la actividad. Según el documento, la rentabilidad operativa de un fresquero merlucero de 3.000 cajones pasó de alrededor del 20% en 2018 a valores negativos cercanos al 21% e incluso al 30% por efecto del combustible.

El costo laboral sobre facturación se ubica entre el 32% y el 54%, mientras que los costos de descarga crecieron y el poder de compra de una tonelada de gasoil se redujo alrededor del 52%.

El texto advierte además sobre el impacto en tierra: “El cierre de plantas de fileteado, fasoneras y conserveras reduce oferta de procesamiento, inmoviliza pescado fresco, destruye empleo y deteriora el valor agregado”. Señala que el valor agregado de las exportaciones pesqueras descendió de niveles cercanos al 50% a menos del 20%, con varias plantas de Mar del Plata con rentabilidades negativas.

Otro punto del reclamo es la participación de buques congeladores: “Argentina exhibe una anomalía mundial: alrededor del 46% de la flota está integrada por buques congeladores, más del doble que España, cinco veces más que Noruega y veintitrés veces más que Islandia”.

Pedidos al Gobierno nacional  
Los empresarios solicitaron una serie de medidas concretas. Entre ellas, la declaración de la emergencia pesquera fresquera, la eliminación de los derechos de exportación y la reducción del Derecho Único de Extracción a valores de 2018.

También pidieron un gasoil productivo sin impuestos, la devolución ágil del IVA, líneas de crédito para modernización de flota y plantas, desregulación operativa y la conformación de una mesa ejecutiva permanente entre Nación, provincias y sector privado.

Además, exigieron “el archivo definitivo del Proyecto de Optimización Productiva de Merluza”, al considerar que podría favorecer el traslado de cuotas desde buques fresqueros hacia congeladores.

“El Consejo Federal Pesquero tiene en sus manos la decisión de ser el vehículo que ayude a reconstruir este sector centenario, o el responsable de firmar su acta de defunción”, concluyeron. Solicitaron una respuesta institucional urgente con “medidas, plazos y responsables”.