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Torturas, abuso sexual y encubrimiento: grave denuncia por violencia penitenciaria en la cárcel de Magdalena
13:37 | La Comisión Provincial por la Memoria denunció que cinco mujeres detenidas en la Unidad Penal 51 fueron torturadas por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Dos de ellas habrían sido abusadas sexualmente.
La Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires denunció un gravísimo caso de torturas, violencia sexual y malos tratos contra mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según el organismo, los hechos ocurrieron el 3 de junio, el mismo día en que miles de personas se movilizaban en todo el país bajo la consigna “Ni Una Menos”, en reclamo contra la violencia hacia mujeres y diversidades.
De acuerdo con la denuncia de la CPM, cinco mujeres privadas de la libertad fueron víctimas de golpizas, amenazas, prácticas de asfixia, submarino húmedo, gas pimienta aplicado a corta distancia, desnudez forzada frente a agentes masculinos y otras formas de tortura. Dos de ellas, además, habrían sido abusadas sexualmente por agentes penitenciarios.
El caso expone, una vez más, la situación de extrema vulnerabilidad de las personas detenidas, especialmente de las mujeres en contextos de encierro, donde la violencia institucional adquiere formas específicas atravesadas por el género, la subordinación, la impunidad y el control absoluto de los cuerpos.
El inicio de los hechos
Según reconstruyó la Comisión Provincial por la Memoria, los hechos comenzaron durante la tarde del 3 de junio, a partir de una pelea entre dos mujeres alojadas en uno de los pabellones de la planta alta de la Unidad 51. Como respuesta, ingresó al lugar el Grupo de Intervención ante Emergencias, acompañado por autoridades del penal.
"Besame las botas", le ordenaba la Jefa del Penal, mientras la torturaban.
— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) June 11, 2026
Luego le rompieron la ropa interior y la abusaron sexualmente cuatro veces, distintos agentes.
🧵 La historia de las torturas y abuso sexual en la cárcel de Magdalena pic.twitter.com/pguVw2FaiT
El operativo, lejos de limitarse a contener la situación, derivó en una secuencia de violencia extrema. De acuerdo con los testimonios relevados por la CPM, los agentes ingresaron arrojando gas pimienta, encerraron a las mujeres en sus celdas y luego las sometieron a requisas violentas, desnudez forzada y agresiones físicas.
Las víctimas identificaron entre las personas que habrían intervenido a la jefa del penal, Daiana Balmaceda; a una subjefa de apellido Villafañe; a otra agente de apellido Toledo; y a varios agentes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias. Según los relatos, Balmaceda habría dirigido parte de las torturas.
“Besame las botas”: humillación, tortura y abuso
Uno de los testimonios más graves difundidos por la CPM describe que una de las mujeres fue llevada al sector de Separación del Área de Convivencia, donde fue obligada a arrodillarse semidesnuda, rodeada por agentes masculinos.
Allí, según la denuncia, le sumergieron varias veces la cabeza en una bacha con agua, una práctica conocida como submarino húmedo. Mientras era golpeada y humillada, la jefa del penal le habría ordenado: “Besame las botas”. La frase sintetiza una escena de dominación absoluta: una autoridad penitenciaria utilizando su poder no para garantizar la custodia legal de una persona detenida, sino para degradarla, quebrarla y someterla.
La CPM denunció que, luego de esa secuencia de tortura, la mujer fue abusada sexualmente cuatro veces por distintos agentes. También afirmó que fue obligada a firmar un papel bajo amenaza de que las torturas se repitieran.
El organismo señaló que, pese a las lesiones evidentes constatadas posteriormente por sus equipos y por pericias, un informe de enfermería realizado el mismo 3 de junio sostuvo que la víctima “no presentaba lesiones visibles de reciente data”. Para la CPM, este tipo de registros deficientes o directamente falsos forman parte de los mecanismos que favorecen el encubrimiento de la violencia institucional.
Otras víctimas: golpes, asfixia y castigos prolongados
La denuncia también incluye el testimonio de otra mujer que fue entrevistada por la CPM en la Unidad 61 de Melchor Romero. Según el relato, fue llevada a los golpes hasta el sector de escuela, donde la arrodillaron, la golpearon, la ahorcaron y le exigieron que besara las botas de la jefa del penal. Allí también habría sido abusada sexualmente.
Luego fue dejada atada de pies y manos sobre un colchón impregnado con gas pimienta, lo que le provocaba dificultades para respirar. La mujer habría advertido a personal de enfermería que había sido golpeada por penitenciarios, pero, según la denuncia, no recibió una revisión médica adecuada.
Otra víctima, trasladada luego a la Unidad 40 de Lomas de Zamora, relató que fue obligada a desnudarse, arrastrada de los pelos, golpeada, esposada y arrojada sobre un colchón mojado. Permaneció en ropa interior durante más de 15 horas, sin agua, sin alimentos y sin acceso al baño. También denunció que sus pertenencias fueron dañadas y que su teléfono apareció sin chip.
Una cuarta mujer fue llevada a una celda de contención cercana al sector de sanidad. Según la CPM, fue esposada de pies y manos, inmovilizada boca abajo y expuesta durante horas a un colchón rociado con gas pimienta. En algún momento, le colocaron una media en la boca, aumentando la sensación de asfixia. Cuando pidió ir al baño, se lo negaron, por lo que terminó orinándose encima.
Estos relatos, coincidentes entre sí, describen una matriz de castigo ilegal: desnudez, golpes, asfixia, amenazas, violencia sexual, humillación y destrucción de pertenencias. No se trata de excesos aislados, sino de prácticas que los organismos de derechos humanos vienen denunciando desde hace años dentro del sistema carcelario.
Violencia de género dentro del encierro
La dimensión de género resulta central para comprender la gravedad del caso. Las víctimas eran mujeres detenidas bajo custodia estatal. Esa condición implica que el Estado tenía sobre ellas una obligación reforzada de cuidado, protección e integridad física, psíquica y sexual.
En contextos de encierro, la violencia sexual no puede ser leída como un hecho accesorio. Es una forma específica de tortura porque busca castigar, disciplinar, humillar y reafirmar jerarquías de poder sobre cuerpos que ya se encuentran privados de libertad.
La desnudez forzada frente a agentes masculinos, los abusos denunciados, las amenazas, las órdenes de sometimiento y la exposición prolongada sin acceso a necesidades básicas constituyen violaciones graves a los derechos humanos. También comprometen la responsabilidad estatal, no sólo por la acción directa de agentes penitenciarios, sino por las eventuales omisiones médicas, administrativas y judiciales posteriores.
Traslados, pertenencias rotas e intento de suicidio
Después de horas de tortura, tres de las víctimas fueron trasladadas durante la madrugada a otras unidades penitenciarias. Según la CPM, llegaron con sus pertenencias destruidas, ropa cortada, objetos personales mezclados con basura y teléfonos dañados o sin chip.
La mujer que permaneció en la Unidad 51 no recibió asistencia psicológica adecuada y, devastada por lo sufrido, intentó suicidarse. Este dato resulta especialmente grave porque muestra la continuidad del daño más allá del hecho físico: la tortura no termina cuando cesan los golpes. Sus efectos subjetivos, emocionales y psíquicos pueden ser devastadores.
El viernes 5 de junio, mujeres que permanecían detenidas en la Unidad 51 realizaron una protesta por lo ocurrido y por las condiciones de detención. Según la CPM, el reclamo fue reprimido y una mujer sufrió una lesión en un ojo. Cuando el organismo volvió a ingresar al penal, encontró a dos mujeres convulsionando y a más de 20 conmocionadas por el miedo a nuevas represalias.
La intervención de la CPM y la respuesta del Servicio Penitenciario
La Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se constituyó en la Unidad 51 tras recibir la denuncia. Luego entrevistó a las víctimas y testigos en los lugares donde fueron trasladadas, y realizó presentaciones penales y administrativas.
La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta. El organismo solicitó que se tomaran declaraciones a las víctimas bajo pautas específicas para casos de severidades, vejaciones y apremios ilegales, sin presencia policial y de manera presencial. También pidió pericias inmediatas con criterios acordes al Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual.
Tras la denuncia, las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense intervinieron la unidad, desafectaron a funcionarias denunciadas e iniciaron sumarios administrativos para determinar responsabilidades. También se investigan las responsabilidades de agentes del Grupo de Intervención ante Emergencias que habrían actuado encapuchados.
Además, el juez de Ejecución de La Plata, José Villafañe, se constituyó en la unidad y entrevistó a mujeres detenidas.
El rechazo judicial a la CPM como particular damnificado
Pese a la gravedad de los hechos denunciados, el titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, rechazó la presentación de la CPM como particular damnificado institucional por considerarla “prematura” para esta instancia del proceso.
La Comisión cuestionó duramente esa decisión y la consideró violatoria de la Ley Nacional 26.827, que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, del cual la CPM forma parte como Mecanismo Local de Prevención en la provincia de Buenos Aires. El organismo apeló la resolución.
Desde una perspectiva de derechos humanos, este punto no es menor: impedir u obstaculizar la participación de organismos de monitoreo en investigaciones por torturas puede debilitar los controles externos sobre las fuerzas penitenciarias, justo en aquellos casos donde el Estado debe garantizar máxima transparencia.
Una deuda estructural: cárceles, tortura y control estatal
El caso de Magdalena vuelve a poner en primer plano una deuda estructural de la democracia argentina: la persistencia de prácticas de tortura, malos tratos y violencia sexual dentro de lugares de encierro.
La privación de libertad no suspende los derechos humanos. Las personas detenidas están bajo custodia estatal y, por lo tanto, el Estado es responsable de garantizar su vida, su integridad física, su salud, su dignidad y el acceso a mecanismos de denuncia seguros.
Cuando una persona presa denuncia haber sido golpeada, abusada o torturada por quienes deben custodiarla, el deber estatal no es relativizar, demorar ni encubrir. Es investigar de manera rápida, independiente, eficaz y con perspectiva de género.
La cárcel no puede funcionar como una zona liberada de derechos. Y menos aún como un espacio donde el castigo ilegal se naturalice bajo el silencio administrativo, los informes médicos incompletos o la impunidad corporativa.
Lo denunciado en la Unidad 51 de Magdalena exige una investigación judicial profunda, protección efectiva para las víctimas y testigos, sanciones penales y administrativas para todos los responsables, y una revisión urgente de los mecanismos de control sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense.
