Rechazo multisectorial al proyecto de Sturzenegger sobre propiedad privada, tierras y desalojos

Distintos sectores sociales, políticos y organizaciones de inquilinos expresaron su “absoluto rechazo” al proyecto de “ley de inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que se tratará el próximo jueves 18 de junio en el Congreso. A través de un comunicado, advirtieron que la iniciativa pone en riesgo la soberanía nacional, los recursos naturales y el derecho a la vivienda de 11 millones de hogares inquilinos.

“Es una ley que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos y recursos naturales, por vulnerar y atacar el derecho a la vivienda de 11 millones de hogares inquilinos, y limitar la posibilidad del Estado para expropiar recursos estratégicos para el desarrollo de nuestro país”, señalaron los firmantes.

Los puntos cuestionados del proyecto

El texto, definido como una “ley ómnibus”, está dividido en cuatro capítulos que modifican distintos marcos normativos.

En el Capítulo I, sobre expropiaciones, se restringe el poder expropiatorio del Estado. Exige que la utilidad pública sea específica y proporcional, amplía la indemnización incorporando lucro cesante, valor de mercado y actualización por IPC hasta el pago efectivo, y prohíbe transferir el dominio sin pago íntegro previo. También limita la ocupación temporánea a 90 días, prorrogables solo ante emergencias objetivas.

El Capítulo II, referido a desalojos y locaciones, elimina garantías para inquilinos en juicios de desalojo. Quita la posibilidad de saldar deuda para evitar el desalojo, generaliza el proceso sumarísimo para todos los casos y habilita la entrega inmediata del inmueble. Además, codifica una intimación previa de 10 días antes de demandar por falta de pago en locaciones habitacionales.

Respecto a Tierras rurales, el Capítulo III mantiene la prohibición de compra por estados extranjeros, pero deroga restricciones clave de la Ley 26.737. Elimina el límite del 15% a nivel provincial o subprovincial para tenencia extranjera, con un máximo de 30% por nacionalidad, y la restricción de 1000 hectáreas por sociedad extranjera en la zona núcleo. También quita los límites para adquirir zonas ribereñas o espejos de agua. Según los firmantes, “deroga el corazón de la Ley de Tierras exponiendo nuestro territorio nacional a la posibilidad de ser adquirido sin límites por grandes capitales transnacionales”. Además, elimina el artículo 4 del decreto ley 15385/44 que priorizaba que los bienes en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos.

El Capítulo IV, sobre manejo del fuego, elimina la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación, bosques, áreas protegidas y humedales. También quita la restricción por 30 años para emprendimientos inmobiliarios y agropecuarios tras incendios fuera de límites urbanos. Solo mantiene la restricción para bosques protegidos por la Ley 26.331 y bosques no productivos de la Ley 13.273.

Llamado al Congreso

“Hacemos un llamado urgente a quienes legislan, a los senadores y diputados elegidos en cada rincón de nuestro país, a que rechacen la ley en su totalidad. Argentina está en peligro. Nuestra soberanía está en riesgo”, expresa el comunicado.

Los firmantes sostienen que el proyecto “no es otra cosa que una ley de extranjerización y desalojo que nos convierte en un enclave colonial” y cierran con una advertencia directa: “No negocien una ley que será irreversible. La Patria está en riesgo, defendámosla”.