Discapacidad: presentan un proyecto para declarar la emergencia en la Provincia

La iniciativa fue impulsada por la diputada bonaerense de Unión por la Patria Margarita Recalde. Propone medidas urgentes para sostener escuelas especiales, centros de día y talleres protegidos, además de crear una comisión bicameral de seguimiento.

La diputada provincial de Unión por la Patria Margarita Recalde presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio bonaerense por el plazo de 12 meses. La iniciativa apunta a garantizar la continuidad de establecimientos educativos, centros de día, talleres protegidos y espacios de participación destinados a personas con discapacidad.

Según explicó la legisladora, el sector atraviesa una situación crítica que pone en riesgo el funcionamiento de instituciones que cumplen un rol central en la atención, educación, inclusión y acompañamiento cotidiano de miles de bonaerenses.

“El sector atraviesa una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de escuelas especiales, centros de día y talleres protegidos, instituciones que cumplen un rol fundamental en la atención, educación e inclusión de miles de bonaerenses”, sostuvo Recalde al fundamentar la propuesta.

Más fondos y regularización de deudas

Entre los principales puntos, el proyecto instruye al Poder Ejecutivo provincial a incrementar de manera inmediata y progresiva las partidas presupuestarias destinadas al área de discapacidad.

Además, propone establecer planes de regularización de deudas tributarias y previsionales para establecimientos educativos de gestión privada de educación especial, centros de día y talleres protegidos. La medida incluiría aportes personales, contribuciones patronales, intereses y multas.

La iniciativa también impulsa el aumento de las subvenciones para establecimientos educativos de gestión privada de educación especial hasta alcanzar el 100%, de acuerdo con lo previsto en el artículo 137 de la Ley Provincial de Educación.

Una comisión bicameral para controlar la emergencia

Otro de los ejes del proyecto es la creación de una Comisión Bicameral de carácter consultivo, de monitoreo y fiscalización de la emergencia.

De acuerdo con lo planteado por Recalde, el organismo estaría integrado por cinco senadores y cinco diputados, con representación de las minorías parlamentarias. Tendría facultades para solicitar informes al Poder Ejecutivo, formular observaciones y elaborar recomendaciones durante el período de vigencia de la emergencia.

“La propuesta también prevé la creación de una Comisión Bicameral de carácter consultivo, de monitoreo y fiscalización de la emergencia. El organismo estaría integrado por cinco senadores y cinco diputados, con representación de las minorías parlamentarias, y tendría facultades para solicitar informes al Poder Ejecutivo, formular observaciones y elaborar recomendaciones”, explicó la diputada.

Instituciones al límite

En los fundamentos de la iniciativa, la referente kirchnerista de Ituzaingó advirtió que las instituciones vinculadas al sector “se encuentran en una situación de extrema crisis económica”, marcada por el endeudamiento, las dificultades para afrontar salarios y servicios, y el riesgo de cierre.

Recalde remarcó que muchos de estos espacios son claves para las personas con discapacidad y sus familias, ya que no solo garantizan actividades educativas, terapéuticas y de inclusión, sino también contención diaria, alimentación y acceso a recursos básicos.

“Muchas de estas entidades constituyen el principal espacio de contención para las personas con discapacidad y sus familias, al brindar no solo actividades educativas y de inclusión, sino también acceso a alimentación y otros recursos básicos”, agregó.

Derechos en riesgo

La legisladora también recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional en la Argentina y obliga al Estado a adoptar medidas de protección frente a situaciones de vulnerabilidad y emergencia.

En ese sentido, el proyecto busca evitar el deterioro de las prestaciones destinadas a uno de los sectores más vulnerables de la población bonaerense y garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales como la educación, la inclusión, la participación social y el acompañamiento institucional.