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sigue la tensión
Tras casi tres años de conflicto, Gobierno y universidades acordaron una suba salarial del 24,33%
18:34 | El Ejecutivo nacional, el CIN y los gremios docentes firmaron un entendimiento que incluye aumentos en dos tramos, refuerzos para hospitales universitarios, más fondos de funcionamiento y una suba en las Becas Manuel Belgrano. La demanda judicial por la Ley de Financiamiento Universitario continuará en la Corte Suprema.
Después de casi tres años de tensión, marchas federales, paros, clases públicas y reclamos por el deterioro presupuestario, el Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzaron un acuerdo económico que busca descomprimir uno de los conflictos más sensibles de la gestión de Javier Milei.
El entendimiento fue firmado este miércoles en el Palacio Sarmiento por representantes del Poder Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes. La propuesta contempla una recomposición salarial del 24,33%, que se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre.
La reunión fue encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores y representantes sindicales. El acuerdo llega luego de meses de negociaciones trabadas, medidas de fuerza y fuertes cuestionamientos de la comunidad universitaria por la pérdida del poder adquisitivo y el recorte de fondos.
Qué contempla el acuerdo
Además de la mejora salarial para docentes y no docentes, el convenio incorpora una serie de refuerzos presupuestarios destinados al funcionamiento del sistema universitario.
Entre los puntos principales se incluyen $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios, un 20% de aumento en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas.
El acuerdo también establece el compromiso de abrir instancias de negociación cada tres meses durante lo que resta de 2026, con el objetivo de evitar que los salarios vuelvan a quedar por debajo de la inflación.
Un conflicto que atravesó la gestión libertaria
La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas se convirtió en uno de los principales focos de conflicto político y social desde el inicio de la administración de Javier Milei.
La primera Marcha Federal Universitaria, realizada en abril de 2024, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, se multiplicaron las movilizaciones masivas, los paros docentes, las tomas de instituciones, las clases públicas y los reclamos de rectores, docentes, estudiantes y trabajadores no docentes.
Mientras el oficialismo cuestionó el funcionamiento de las universidades, denunció supuestas irregularidades y promovió auditorías, las casas de estudio reclamaron una actualización presupuestaria que permitiera garantizar salarios, becas, investigación, hospitales universitarios y gastos básicos de funcionamiento.
La demanda judicial seguirá en pie
Pese al acuerdo alcanzado, las universidades confirmaron que mantendrán vigente la demanda judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente bajo análisis de la Corte Suprema.
La norma fue aprobada por el Congreso, luego vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por el Parlamento. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la ley resulta inaplicable porque no establece fuentes específicas de financiamiento.
La causa ya cuenta con fallos favorables a las universidades en primera y segunda instancia, aunque quedó suspendida luego de que el Poder Ejecutivo presentara un recurso extraordinario.
El trasfondo salarial
Uno de los ejes centrales del reclamo fue la fuerte pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios. Según datos del CIN, más de 10.000 docentes renunciaron en los últimos años como consecuencia del deterioro salarial.
La Universidad de Buenos Aires también informó bajas significativas en distintas facultades y en sus colegios preuniversitarios. Los rectores venían advirtiendo sobre un éxodo de profesionales hacia el sector privado y hacia el exterior, donde los ingresos pueden multiplicar varias veces los salarios que ofrece actualmente el sistema universitario público.
Alivio parcial y cautela gremial
El acuerdo representa un avance respecto de las propuestas anteriores del Gobierno, pero no cierra definitivamente el conflicto. Los gremios recibieron el entendimiento con cautela y advirtieron que seguirán de cerca el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Desde Conadu reclamaron que las futuras negociaciones salariales se desarrollen dentro de una paritaria formal y remarcaron que la recomposición debe sostenerse en el tiempo para recuperar lo perdido.
Por ahora, el entendimiento abre una etapa de mayor diálogo entre el Gobierno, los rectores y los sindicatos universitarios. Sin embargo, la discusión de fondo por el financiamiento de la educación pública seguirá abierta, tanto en la mesa política como en la Corte Suprema.
