La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) elaboró un plan para reactivar los créditos hipotecarios a 20 y 30 años en el país sin generar mayor gasto público. La propuesta apunta a financiar viviendas mediante el mercado de capitales y ya fue presentada al Gobierno.
El principal escollo que identifica el sector es el “descalce de plazos”: los bancos captan depósitos de corto plazo pero los créditos hipotecarios son a décadas, lo que limita la expansión del sistema. Para resolverlo, Camarco propone un mecanismo de securitización de hipotecas.
Con ese esquema, las entidades financieras seguirían otorgando los préstamos, evaluando clientes y cobrando cuotas, pero luego agruparían esas hipotecas en títulos financieros para venderlos a grandes inversores institucionales. Eso liberaría recursos para seguir prestando.
Uno de los motores del plan sería el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La propuesta plantea vender las acciones de empresas privadas de su cartera y volcar esos fondos a un Fondo Fiduciario de Capitalización de Hipotecas, exclusivo para financiar viviendas.
Desde Camarco aseguran que el marco legal ya existe. La Ley 24.241 habilita a la ANSES a invertir hasta 25% de sus activos en títulos con garantía hipotecaria autorizados por la CNV. “Solo falta una decisión política del Poder Ejecutivo”, sostienen.
El segundo eje involucra al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado a las contingencias por despido. La iniciativa busca mantener su función de protección pero permitir que parte de los excedentes se inviertan en hipotecas securitizadas, transformando un fondo pasivo en financiamiento para el mercado inmobiliario.
Para reducir riesgos, el proyecto prevé una reserva técnica líquida, cuentas individualizadas por empleador y administración público-privada que garantice trazabilidad. El FAL podría comprar hasta 80% de los instrumentos hipotecarios emitidos por bancos, con tope de tasación para evitar que financien viviendas de lujo.
Con esta arquitectura, la construcción apuesta a movilizar el ahorro institucional y reactivar el crédito y la obra privada sin afectar la meta de déficit cero. La puesta en marcha depende de que la Casa Rosada autorice las modificaciones necesarias.