La Libertad Avanza presentó un proyecto para desregular la actividad inmobiliaria bonaerense

La iniciativa fue presentada por el bloque de La Libertad Avanza y es impulsada por el diputado provincial Juan Osaba, con el acompañamiento de otros ocho legisladores de su bancada. El texto se inscribe en la línea de desregulación económica promovida por el Gobierno nacional y apunta a modificar la Ley Provincial N° 10.973, que regula la actividad de martilleros y corredores públicos en territorio bonaerense.

El punto central del proyecto es habilitar la intermediación, el corretaje y la conclusión de contratos de compraventa de inmuebles por parte de personas humanas o jurídicas no matriculadas. De esta manera, se busca poner fin a lo que los impulsores califican como un “monopolio” de la intermediación obligatoria en manos de profesionales colegiados.

Honorarios libres y menos controles profesionales

Además de abrir la actividad a personas no matriculadas, la propuesta incorpora el principio de “autonomía de la voluntad” para la fijación de honorarios y comisiones. Según el texto, las partes intervinientes en una operación inmobiliaria podrían acordar libremente los valores por los servicios prestados, sin quedar sujetas a los esquemas actualmente regulados.

El proyecto también plantea derogar las penalidades vigentes para quienes ejerzan la actividad sin título habilitante. En la normativa actual, las infracciones por intermediación ilegal pueden derivar en multas de hasta el duplo de los honorarios percibidos. Con la reforma propuesta, quienes operen sin matrícula quedarían excluidos de ese régimen sancionatorio.

En los fundamentos, Osaba sostiene que la regulación vigente configura una barrera de acceso al mercado y limita la libertad de los ciudadanos para elegir quién los asiste en la disposición de sus bienes. Según el legislador libertario, el Estado provincial excede su poder de policía al imponer una matrícula obligatoria para tareas que considera esencialmente comerciales.

El rol de abogados y escribanos

Otro de los argumentos del proyecto es que las funciones de control legal y técnico que tradicionalmente se atribuyen a los martilleros y corredores públicos ya estarían garantizadas por la intervención de abogados y escribanos públicos en las operaciones inmobiliarias.

Desde esa mirada, la matrícula profesional dejaría de ser una condición necesaria para asegurar la legalidad de las transacciones, ya que el control jurídico recaería en otros actores del proceso. El planteo, sin embargo, abre un debate sensible dentro del sector inmobiliario, donde los colegios profesionales suelen advertir que la intermediación no se reduce a una simple tarea comercial, sino que involucra responsabilidades, conocimientos específicos y garantías para compradores, vendedores e inquilinos.

La discusión se da en un contexto de fuerte avance de propuestas de desregulación sobre distintas actividades económicas. En este caso, el debate promete instalar una tensión entre la defensa de la libre competencia y la necesidad de mantener controles profesionales en operaciones que involucran bienes de alto valor patrimonial.

Mientras los libertarios presentan la reforma como una forma de ampliar la libertad de elección y eliminar barreras corporativas, el sector matriculado podría cuestionar que la apertura indiscriminada derive en mayores riesgos para los usuarios, menos transparencia y una precarización de la actividad inmobiliaria.