Crecen los concursos preventivos y el riesgo de quiebras: el Observatorio IPA pide una ley de emergencia PyME

El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) presentó un informe sobre la judicialización de la crisis empresaria y el avance de la cesación de pagos en el entramado productivo. La exposición estuvo a cargo de Germán Alberto Pizzano, abogado del Departamento Legal de IPA.

Pizzano sostuvo que la crisis de las PyMEs ya no se refleja solo en la caída de ventas, el empleo o la producción, sino también en el aumento de concursos preventivos, ejecuciones judiciales y riesgo de quiebras. “Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales”, afirmó.

Datos del informe  
Entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas y 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo, según el relevamiento. 

El documento destaca el incremento de los concursos preventivos: en 2023 se registraron 82, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 190, un aumento del 131,71%. Solo en el primer trimestre judicial de 2026 ya se abrieron 92 procesos concursales.

“El aumento de los concursos preventivos muestra que muchas empresas están entrando en una situación de impotencia patrimonial. No es solamente un problema financiero: es una señal de alarma sobre la supervivencia de miles de unidades productivas”, explicó Pizzano.

Impacto en el entramado productivo  
Desde IPA señalaron que el avance de los procesos concursales y las quiebras genera daños estructurales. “Cuando una empresa deja de operar, no solo se pierden puestos de trabajo: también se destruyen proveedores, maquinaria, inversión acumulada, conocimiento productivo y capacidad industrial”, indicó el abogado. 

“Cada cierre arrastra empleo directo e indirecto, rompe cadenas de valor y destruye capital productivo que después es muy difícil recuperar”, agregó.

Pedido de legislación de emergencia  
Frente a este escenario, el Observatorio planteó la necesidad de una legislación de emergencia económica y productiva que otorgue herramientas transitorias. Entre los ejes propuestos figuran la suspensión de ejecuciones, la facilitación de soluciones preventivas, la extensión de plazos concursales y medidas para recomponer el capital de trabajo de las PyMEs.

“No se trata de una reforma definitiva del sistema concursal. Se trata de una respuesta urgente y transitoria para que las empresas tengan tiempo de recuperarse y evitar que la crisis termine en quiebra”, sostuvo Pizzano.

Desde IPA remarcaron que la emergencia productiva debería estar acompañada por una recuperación del mercado interno, del salario real, del consumo y del crédito productivo. Sin esas condiciones, advirtieron, la crisis económica seguirá trasladándose a los tribunales.

El informe concluye que el Congreso Nacional debe avanzar en una respuesta legislativa para preservar empresas, empleo y capital productivo. “Las PyMEs necesitan tiempo, herramientas legales y condiciones económicas para volver a producir. De la respuesta legislativa depende la supervivencia de miles de compañías argentinas”, finalizó Pizzano.

Principales cifras del informe:
- Cerraron 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026.
- 327.813 trabajadores perdieron cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
- Los concursos preventivos pasaron de 82 en 2023 a 190 en 2025, un alza del 131,71%.
- En el primer trimestre judicial de 2026 ya se abrieron 92 procesos concursales.