El Ministerio de Defensa resolvió que soldados, suboficiales y oficiales puedan buscar un segundo empleo para llegar a fin de mes. La resolución flexibiliza las restricciones que impedían al personal militar realizar tareas privadas fuera del horario de servicio.
Ahora, efectivos entrenados para defensa nacional podrán complementar ingresos como choferes de Uber, repartidores de Pedidos Ya, seguridad privada o cualquier actividad compatible con la función. El Gobierno argumenta que la medida “amplía oportunidades” y da “más libertad”.
Sueldos que no alcanzan
La decisión llega después de meses de reclamos internos por el atraso salarial. Asociaciones militares denunciaron pérdida de poder adquisitivo y recortes en el área. Para muchos efectivos, el sueldo no cubre la canasta básica y la autorización blanquea una realidad: tener un segundo trabajo ya no es excepción, es necesidad.
La escena de un militar formado en operaciones especiales o inteligencia bajándose de un auto para entregar una pizza resume la polémica. El debate ya no es ideológico sino de bolsillo: cuánto tiene que cobrar un uniformado para no tener que changuear después del cuartel.
Promesa vs. realidad
La medida choca de frente con el discurso de campaña. Javier Milei había prometido jerarquizar a las Fuerzas Armadas y devolverles “protagonismo institucional”. Que hoy se los habilite a repartir o manejar apps de transporte aparece, para los críticos, como la contracara de esa promesa.
Desde el Gobierno insisten en que no se trata de un reconocimiento del atraso salarial, sino de dar más opciones al personal. Pero en los hechos, la resolución admite que con el sueldo militar solo no alcanza.
El ajuste también llegó a Defensa. En los últimos meses hubo recortes de gastos y denuncias por caída de haberes. La autorización para un trabajo extra terminó de instalar la pregunta incómoda: si los encargados de la defensa nacional necesitan un Uber para subsistir, el problema no es el empleo adicional. Es el salario.