La discusión por la regulación de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata terminó este lunes en un escándalo dentro del Concejo Deliberante. En medio de la comisión de Movilidad Urbana, representantes de taxistas, remiseros y choferes de plataformas digitales protagonizaron discusiones, empujones y golpes que obligaron a suspender el debate.
La reunión había sido convocada para avanzar en el tratamiento de distintos expedientes vinculados al funcionamiento de las apps de transporte, que actualmente operan sin habilitación formal en el Partido de General Pueyrredon. Sin embargo, la tensión entre los sectores enfrentados escaló rápidamente y derivó en un tumulto que quedó registrado incluso en la transmisión oficial del Concejo.
Ante los incidentes, el presidente de la comisión, Guido García, resolvió levantar la sesión. Luego confirmó que lo ocurrido será evaluado en el marco de una reunión de Labor Deliberativa, mientras el conflicto entre los distintos actores del transporte vuelve a quedar en el centro de la escena pública.
Antes del escándalo, la comisión trataba tres proyectos vinculados a la regulación de las aplicaciones de transporte. Las iniciativas pertenecen a la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza, todos espacios vinculados de distintas formas al interbloque oficialista.
Uno de los puntos que atravesó la discusión fue la falta de una posición clara por parte del gobierno municipal encabezado por Agustín Neme. Desde Unión por la Patria, el concejal Pablo Obeid cuestionó que los expedientes en debate pertenezcan a bloques aliados al oficialismo, pero que el Ejecutivo todavía no haya fijado una postura concreta.
“Justo el bloque de los intendentes no tiene ninguna propuesta. Entonces es difícil tratar un tema así en distintos proyectos y el Ejecutivo no contesta”, planteó Obeid, en referencia a la ausencia de respuestas oficiales a los pedidos de informes realizados desde el Concejo.
Desde el PRO, Marcelo Cardoso sostuvo que la intención es construir una normativa “equilibrada, moderna, jurídicamente sustentable y adaptada a la realidad de General Pueyrredon”. También defendió que el tratamiento avance a partir de distintos proyectos para incorporar aportes de los bloques.
En tanto, Horacio Taccone, de Acción Marplatense, expresó su confusión ante las diferentes posiciones dentro del oficialismo y las demoras acumuladas en el debate. En ese marco, lanzó una frase que sintetizó buena parte del reclamo político: “Que venga el Ejecutivo y diga qué quiere hacer”.
El expediente de la Coalición Cívica, originado en 2022 y modificado en los últimos meses, propone la creación de un registro de conductores y una regulación de las plataformas. Ese espacio también impulsó luego iniciativas para dejar de sancionar a los choferes y eliminar las multas.
Por su parte, el radicalismo planteó un esquema de desregulación que permitiría a taxistas y remiseros cobrar mediante aplicaciones, aunque la propuesta podría tener impacto sobre el funcionamiento de las plataformas transnacionales.
La Libertad Avanza, en tanto, presentó una iniciativa para crear un “Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas en el Partido de General Pueyrredon”. El proyecto contempla un registro con requisitos tanto para conductores como para las empresas multinacionales propietarias de las plataformas.
La concejala libertaria Noelia Álvarez Ríos defendió la propuesta y la calificó como “superadora”. Además, remarcó la intención de que las apps “dejen de estar prohibidas”.
Durante la reunión, la comisión comenzó a escuchar a representantes de los sectores involucrados. El único que alcanzó a exponer antes de los incidentes fue Facundo Setzes, presidente de la asociación civil Conductores Unidos, que nuclea a trabajadores de plataformas digitales.
Setzes reclamó mayor responsabilidad política para abordar el tema y cuestionó las demoras en el tratamiento legislativo. “No podemos seguir dilatando algo que está muy latente, que está generando conflictos legales y en la calle”, sostuvo.
También señaló que los proyectos en discusión no contemplan la totalidad del universo actual del sector y recordó que los choferes de aplicaciones presentaron una propuesta propia ante el Concejo Deliberante. “Nuestra actividad es una realidad”, afirmó.
En su exposición, además, mencionó el respaldo que, según consideró, la reforma laboral impulsada por Javier Milei dio a estas formas de trabajo, aunque marcó diferencias con el proyecto de La Libertad Avanza vinculado a la unificación del sistema.
“La actividad no es ilegal”, fue una de las últimas frases que se escuchó antes de que la tensión estallara en el sector de la barra y luego se trasladara al recinto. A partir de allí, el debate institucional quedó sepultado bajo gritos, golpes y corridas.
El episodio puso al desnudo la tensión entre el sistema tradicional de taxis y remises y los choferes que trabajan mediante aplicaciones. También dejó en evidencia la dificultad del Concejo para ordenar una discusión que lleva años acumulando tensiones en la calle, en los controles y ahora también dentro del recinto.
La suspensión de la comisión no clausura el debate, pero sí deja una postal incómoda: mientras los bloques ensayan proyectos y el Ejecutivo evita definiciones concretas, los sectores afectados se enfrentan cara a cara en un clima cada vez más inflamable.