Un informe del ISEPCI advierte que el 77% de las familias en PBA resignó alimentos por falta de dinero

La inseguridad alimentaria vuelve a encender una alarma profunda en la provincia de Buenos Aires. Un informe elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) reveló que el 77% de las familias encuestadas debió restringir la compra de alimentos por falta de dinero o por niveles de endeudamiento que ya condicionan la vida cotidiana.

El relevamiento fue realizado a fines de mayo en hogares del Conurbano bonaerense y de algunos distritos del interior provincial. El estudio indagó sobre la situación económica de las familias, los niveles de endeudamiento, las dificultades para llegar a fin de mes y las posibilidades reales de acceder a una alimentación saludable, adecuada y variada.

Los resultados muestran un cuadro de deterioro social que impacta directamente sobre la mesa familiar. Según el informe, el 86% de los hogares atraviesa una situación de “estrés económico” mensual. En concreto, el 47% de las familias manifestó que necesita endeudarse para llegar a fin de mes, mientras que el 39% logra hacerlo con dificultad, ajustando gastos considerados no esenciales.

Solo el 14% de los hogares no presentaría dificultades económicas a simple vista. Sin embargo, incluso dentro de ese universo, el margen es mínimo: el 12% afirmó que llega justo, sin capacidad de ahorro ni respaldo frente a imprevistos, y apenas el 2% aseguró que llega cómodo y puede ahorrar.

La referente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, advirtió sobre el agravamiento de la situación social y vinculó el escenario con las políticas económicas del Gobierno nacional.

“Realizamos una encuesta sobre un universo de trabajadores formales y precarizados, desocupados y jubilados. Los primeros resultados muestran una realidad muy preocupante, fruto de las políticas de Milei”, señaló Saravia.

Menos comida y porciones más chicas

Uno de los datos más preocupantes del informe tiene que ver con la reducción involuntaria de las porciones. Ante la consulta sobre si durante el último mes algún integrante del hogar tuvo que reducir la cantidad de comida por falta de dinero, el 70% respondió afirmativamente.

La situación se agrava cuando se observa el impacto en hogares con niños, niñas y adolescentes. Sobre un total de 1.087 hogares con menores, el 79% afirmó que en lo que va del año se quedó sin dinero o recursos para garantizar una alimentación saludable, adecuada y variada para sus hijos o hijas.

Dentro de ese grupo, el 41% indicó que esta situación ocurre con mucha frecuencia, mientras que el 38% señaló que sucede con menor frecuencia, pero igualmente forma parte de la realidad familiar. Es decir, la alimentación infantil dejó de estar garantizada para una porción mayoritaria de los hogares relevados.

En el caso de los adultos, el déficit alimentario también aparece con fuerza. En 1.301 hogares consultados, el 44% señaló que muy frecuentemente no pudo acceder a una alimentación saludable por falta de dinero, mientras que el 36% reconoció que esto también le ocurrió, aunque con menor frecuencia.

La demanda crece en comedores y merenderos

El informe del ISEPCI también pone en evidencia un cambio en el perfil de las familias que recurren a espacios comunitarios. Según Saravia, muchas personas que hasta hace poco colaboraban con comedores y merenderos hoy se acercan a pedir asistencia.

“Quienes antes ayudaban a comedores y merenderos, hoy nos piden ayuda. Familias que antes hacían donaciones, hoy tienen dificultades para llegar a fin de mes o para garantizar la comida en sus casas: el 77% de las familias entrevistadas se privó de consumir lácteos, carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por falta de dinero”, afirmó.

La frase resume uno de los aspectos centrales del relevamiento: no se trata únicamente de comer menos, sino también de comer peor. La restricción en alimentos básicos como carnes, lácteos, frutas, verduras, cereales y legumbres afecta la calidad nutricional de los hogares y golpea especialmente a quienes requieren una alimentación más cuidada, como niños, niñas, personas mayores y personas con problemas de salud.

En ese sentido, el informe advierte que el deterioro de los ingresos y el endeudamiento creciente están empujando a miles de familias a modificar sus hábitos alimentarios, sustituir productos, reducir comidas o directamente recurrir a la asistencia comunitaria.

Jubilados, otro sector bajo presión

La situación de los jubilados también aparece como uno de los puntos críticos del relevamiento. Según los datos difundidos por el ISEPCI, 8 de cada 10 personas jubiladas consultadas afirmaron que sus haberes no les alcanzan para alimentarse de manera adecuada.

El dato expone el impacto de la pérdida de poder adquisitivo sobre un sector que, además de enfrentar gastos alimentarios, suele destinar una parte importante de sus ingresos a medicamentos, tratamientos médicos, alquileres, servicios y cuidados básicos.

En un contexto de aumentos sostenidos en alimentos, tarifas y otros consumos esenciales, la jubilación queda lejos de cubrir las necesidades mínimas de una vida digna. El resultado es una ecuación cada vez más ajustada: pagar remedios, cubrir servicios o comprar comida suficiente.

Un deterioro que se mide en la mesa familiar

El relevamiento del ISEPCI confirma que la crisis económica ya no se expresa únicamente en estadísticas generales, sino en decisiones cotidianas dentro de cada hogar: qué se compra, qué se deja de comprar, qué comida se reduce y quién resigna primero.

El 77% de familias que debió restringir alimentos, el 70% que redujo porciones y el 47% que necesita endeudarse para llegar a fin de mes configuran un escenario de fuerte vulnerabilidad social. La inseguridad alimentaria, lejos de ser una situación excepcional, aparece como una experiencia extendida en buena parte de los hogares bonaerenses relevados.