El Concejo Deliberante de Campana aprobó un proyecto impulsado por el edil libertario Maximiliano Corio para realizar exámenes toxicológicos voluntarios a concejales y funcionarios del cuerpo legislativo. La iniciativa fue presentada bajo el argumento de fortalecer la transparencia, la idoneidad y la integridad en el ejercicio de la función pública.
Sin embargo, la norma abrió una fuerte polémica política en el distrito gobernado por el intendente PRO Sebastián Abella, ya que los controles no alcanzan al jefe comunal ni a los funcionarios del Departamento Ejecutivo. Es decir, quienes tienen a su cargo la administración diaria del municipio, la firma de actos de gobierno y la ejecución de políticas públicas quedaron fuera de la obligación, o incluso de la invitación institucional, a someterse al mismo estándar.
Según explicó Corio, los exámenes toxicológicos se realizarán de manera voluntaria al momento de asumir el cargo y luego una vez por año para todos los funcionarios del Honorable Concejo Deliberante. Los estudios deberán detectar la presencia de sustancias psicoactivas no prescritas por un profesional de la salud, entre ellas cocaína y derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas.
La realización de los controles quedará a cargo del hospital municipal y, de acuerdo con el texto aprobado, deberá garantizarse la confidencialidad de los resultados. El carácter voluntario de la medida fue uno de los puntos destacados por sus impulsores, aunque también es el aspecto que limita su alcance práctico como herramienta efectiva de control público.
La controversia se profundizó luego de que el bloque de Fuerza Patria saliera a cuestionar que el proyecto dejara afuera al intendente Abella y a sus funcionarios. Desde la bancada peronista apuntaron contra “la casta del intendente Sebastián Abella”, al señalar que el oficialismo impidió que el jefe comunal quedara alcanzado por los controles toxicológicos.
Para Fuerza Patria, la exclusión del Ejecutivo municipal “alimenta sospechas sobre la verdadera transparencia” de la gestión. El bloque sostuvo que el intendente y sus funcionarios tienen responsabilidades superiores en la administración pública local, por lo que deberían estar comprendidos dentro de cualquier política que busque elevar los estándares de idoneidad y confianza institucional.
En esa línea, remarcaron que el gabinete municipal interviene diariamente en decisiones administrativas, presupuestarias y políticas que impactan sobre toda la comunidad. Por eso, consideraron que dejar a Abella fuera del esquema de controles genera un mensaje contradictorio: se exige transparencia hacia el Concejo, pero no hacia el centro de poder real del municipio.
“Al negarse a someterse a estos controles, Abella genera un manto de dudas y sospechas que, lejos de ayudar, impactan negativamente contra la gestión”, expresaron desde Fuerza Patria.
La aprobación del narcotest dejó así una foto incómoda para el oficialismo local. Mientras el Concejo avanza con una medida presentada como señal de ejemplaridad pública, el Ejecutivo municipal quedó preservado de ese mismo estándar.