Intendentes y legisladores debatieron la reforma de la Ley de Seguridad Pública que impulsa Kicillof

La discusión por la seguridad en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en la Séptima sección electoral. Bolívar fue escenario de un encuentro que reunió a intendentes de la región, legisladores y funcionarios provinciales para comenzar a debatir posibles modificaciones a la Ley 12.154 de Seguridad Pública, una norma que lleva más de dos décadas vigente y que, según plantean distintos sectores, necesita ser actualizada frente a una realidad social, tecnológica y territorial muy distinta a la de su sanción.

La convocatoria se realizó en un contexto en el que la inseguridad continúa entre las principales preocupaciones de los bonaerenses y en medio de una estrategia del gobierno de Axel Kicillof para abrir instancias regionales de debate. La intención del Ministerio de Seguridad provincial es recoger aportes de los municipios, que en los últimos años asumieron un rol cada vez más activo en materia de prevención, monitoreo urbano, inversión tecnológica y articulación con las fuerzas policiales.

El encuentro dejó una foto política amplia. Participaron el intendente anfitrión, Eduardo Bucca, junto a sus pares Maximiliano Wesner, de Olavarría; Nelson Sombra, de Azul; Maximiliano Sciaini, de Roque Pérez; Ramón Capra, de General Alvear; José Luis Salomón, de Saladillo; Gustavo Cocconi, de Tapalqué; y el presidente del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, Javier de Marcos.

Por parte de la Provincia estuvieron presentes el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, Andrés Escudero, y el titular de la Subsecretaría de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio. También participaron los senadores provinciales Marcos Pisano y Evelyn Díaz, junto a responsables de áreas de seguridad de los distintos municipios.

La presencia de intendentes de diferentes signos políticos mostró que, más allá de las tensiones partidarias, existe una coincidencia respecto de la necesidad de revisar el esquema vigente. La seguridad aparece como una problemática transversal, especialmente en el interior bonaerense, donde las demandas de los vecinos conviven con realidades territoriales muy diversas y con capacidades municipales desiguales.

Una ley pensada para otro tiempo

La Ley 12.154 fue sancionada en un escenario muy distinto al actual. Desde entonces, el abordaje de la seguridad dejó de estar limitado exclusivamente a la actuación policial. En los municipios crecieron los centros de monitoreo, la videovigilancia, los sistemas de alerta, las áreas locales de prevención y los esquemas de coordinación con la Justicia y con las fuerzas de seguridad.

Ese cambio de paradigma obliga a revisar competencias, responsabilidades y mecanismos de articulación. Los intendentes, que muchas veces son la primera ventanilla de reclamo ante los vecinos, vienen reclamando mayor participación en el diseño de políticas públicas, pero también recursos concretos para sostenerlas.

En ese punto aparece uno de los aspectos centrales del debate: no alcanza con modificar la ley si esa reforma no viene acompañada por financiamiento, tecnología, recursos humanos y capacidad operativa. La seguridad, como tantas otras áreas sensibles, no se resuelve sólo con declaraciones de buenas intenciones, aunque la política insista en probar ese método como si alguna vez hubiera funcionado.

La estrategia provincial

El gobierno bonaerense viene ubicando a la seguridad entre las prioridades de gestión y ha impulsado programas de fortalecimiento para los municipios. En ese marco, la discusión por una reforma de la Ley de Seguridad Pública aparece como un paso más dentro de una estrategia que busca actualizar el marco normativo y reforzar la articulación entre Provincia y comunas.

Sin embargo, el verdadero desafío comenzará cuando las conclusiones de estos foros deban traducirse en proyectos concretos. Allí emergerán las discusiones más complejas: qué rol tendrán los municipios, qué facultades conservará la Provincia, cómo se financiarán las nuevas herramientas y de qué manera se garantizará una distribución equitativa de recursos entre el conurbano y el interior.

El encuentro en Bolívar dejó en claro que los municipios de la Séptima sección pretenden tener voz en la reforma. Para los jefes comunales, cualquier nueva legislación deberá contemplar las particularidades del interior bonaerense, donde las distancias, la disponibilidad de efectivos, la infraestructura tecnológica y las demandas vecinales no siempre se parecen a las de las grandes ciudades.