El diputado bonaerense Andrés De Leo, jefe del bloque de la CC en la Cámara baja provincial, volvió a poner sobre la mesa un proyecto de su autoría que busca derogar los artículos 16 y 17 de la Ley N° 13.927, que regulan el régimen de la VTV en territorio bonaerense.
“Yo no propongo discutir quién se queda con la caja. Propongo eliminarla”, sostuvo el legislador, en una crítica directa al sistema vigente y al debate abierto en torno a quién debe administrar o intervenir en el esquema de revisión técnica.
Para De Leo, la VTV perdió sentido como herramienta de seguridad vial y terminó convertida en un mecanismo de recaudación. “La VTV no salva vidas, sólo busca recaudar y ser un negocio para pocos”, afirmó el diputado oriundo de Bahía Blanca.
El planteo se da en un escenario de creciente presión sobre la gestión de Axel Kicillof para que la Provincia adhiera a los cambios impulsados por el Gobierno nacional en materia de revisión técnica vehicular. Distintos sectores de la oposición reclaman que Buenos Aires adecúe su normativa, reduzca costos y alivie las obligaciones que actualmente pesan sobre los automovilistas bonaerenses.
Sin embargo, la iniciativa de la Coalición Cívica va un paso más allá de la modernización o apertura del sistema. En lugar de discutir si deben habilitarse nuevos talleres, ampliar la red de prestadores o modificar el esquema de concesiones, De Leo propone directamente eliminar la obligatoriedad de la VTV.
En los fundamentos del proyecto, el legislador recordó que la verificación obligatoria fue instaurada en 1996 con el objetivo de reducir la siniestralidad vial, las muertes y las lesiones derivadas de accidentes de tránsito. No obstante, consideró que aquel contexto ya no se corresponde con la realidad actual del parque automotor.
“En los años noventa el parque automotor argentino presentaba importantes deficiencias en materia de seguridad. Hoy los vehículos incorporan estándares mucho más elevados y las causas de los accidentes son otras”, argumentó.
Según el diputado, las estadísticas oficiales muestran que más del 99% de los siniestros viales tienen origen en errores humanos o en problemas de infraestructura vial, y no en desperfectos mecánicos de los vehículos. Desde esa perspectiva, sostuvo que la continuidad de la VTV como obligación generalizada no responde a criterios de seguridad, sino a una lógica recaudatoria.