La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda la aplicación de multas, ejecuciones fiscales y embargos sobre las pequeñas y medianas empresas, en el marco del proyecto anunciado por el Gobierno nacional para modificar la actual Ley de Inocencia Fiscal.
El planteo fue elevado luego de que Caputo anticipara el envío de una iniciativa de carácter fiscal. En ese contexto, la entidad pidió que, durante el período de espera previsto en la normativa, ARCA no aplique sanciones a las pymes que se encuentren alcanzadas por intimaciones o deudas tributarias.
Además, CAME requirió que, en los casos en los que el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización de ese período de espera, la multa aplicable se reduzca en un 50%. Según la propuesta de la entidad, recién una vez vencido ese último plazo sin que se haya cumplido con la obligación debería aplicarse la sanción completa, de acuerdo con los montos establecidos por la ley.
El reclamo también incluye la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos aplicables al sector pyme, en atención a que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional tendría origen fiscal. Para CAME, en un escenario de actividad económica golpeada, caída del consumo y dificultades financieras para el entramado productivo, resulta necesario generar herramientas de alivio que permitan sostener a las empresas.
“Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación”, expresó Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME.
El dirigente precisó, además, que ese régimen debería alcanzar a las deudas vencidas al 31 de mayo del corriente año, así como también a los planes de facilidades de pago que se encuentren vigentes y a aquellos que hubieran caducado.
Desde la entidad empresaria remarcaron que el pedido se produce en un contexto de consumo deprimido y en medio de las discusiones abiertas por la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una reforma tributaria. En ese marco, CAME consideró clave que el Gobierno atienda el planteo para evitar una mayor presión sobre las pequeñas y medianas empresas.
La organización sostuvo que avanzar con medidas de alivio fiscal permitiría promover condiciones orientadas a preservar el entramado productivo, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible.