Ley Nicolás: buscan que Buenos Aires adhiera a la norma nacional de seguridad del paciente

Diputados bonaerenses impulsan la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la legislación nacional conocida como Ley Nicolás, una norma orientada a prevenir daños evitables en el sistema de salud y garantizar una atención sanitaria segura y de calidad.

Con ese objetivo, los legisladores Fabián Luayza, Gustavo Cuervo, Viviana Romano y Lucía Iañez mantuvieron un encuentro en el Anexo de la Cámara de Diputados con familiares e impulsoras de la ley, entre ellas Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, y Susana D’Agosto, abuela de Amparo.

Durante la reunión, los diputados de Nuevos Aires y la vicepresidenta del bloque de Fuerza Patria, Lucía Iañez, firmaron un proyecto de adhesión provincial a la normativa nacional, que fue aprobada en septiembre de 2025 tras el reclamo sostenido de familias atravesadas por casos de mala praxis.

La Ley Nicolás lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que murió en 2017 luego de padecer una meningitis bacteriana que no fue diagnosticada a tiempo. La iniciativa fue promovida por la ONG Por la Vida y la Salud, con el objetivo de transformar ese caso en una política pública destinada a evitar nuevas situaciones similares.

“La ley busca evitar nuevos casos como el de Nicolás y pone en valor a la salud pública, porque genera los mecanismos para que no vuelvan a ocurrir casos de mala praxis”, sostuvo el diputado Fabián Luayza tras el encuentro.

La adhesión permitiría adecuar los sistemas provinciales de salud a los estándares establecidos por la legislación nacional. Entre sus principales ejes se encuentran la prevención de errores médicos, la trazabilidad de la atención, la seguridad del paciente y la mejora continua de la calidad asistencial en hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios de la provincia.

Una norma con enfoque preventivo

La Ley Nicolás propone un abordaje sistémico, preventivo y no punitivo de los errores en la atención médica. En lugar de centrar el análisis únicamente en la responsabilidad individual, plantea identificar fallas del sistema sanitario para corregirlas y evitar que se repitan.

Entre sus puntos centrales se encuentra la implementación de una Historia Clínica Digital Única, obligatoria, interoperable y encriptada, que permita a profesionales e instituciones acceder a la información clínica del paciente de manera segura. La medida apunta a evitar la duplicación de estudios, mejorar la continuidad de los tratamientos y reducir riesgos derivados de la falta de información.

La norma también promueve la llamada “cultura justa”, un modelo que busca alentar el reporte transparente de fallas, incidentes o errores dentro del sistema de salud, con el fin de prevenir daños futuros y fortalecer los mecanismos de aprendizaje institucional.

Además, establece la certificación profesional obligatoria y periódica para trabajadores de la salud, con evaluaciones sobre sus condiciones físicas, cognitivas y de desempeño. A su vez, contempla la creación de un Registro de Eventos Centinela, destinado a investigar incidentes graves y determinar sus causas para evitar su repetición.

Otro de los ejes de la legislación es la elaboración de protocolos unificados de seguridad clínica y la realización de auditorías periódicas en instituciones sanitarias. Con estas herramientas, la ley busca pasar de un esquema de control posterior a una política activa de prevención.