Buscan modificar la Ley de Sociedades y permitir compañías operadas por algoritmos

El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades con el objetivo de modificar de fondo el régimen vigente, ampliar la autonomía de socios y accionistas, reducir regulaciones y adaptar el marco normativo a las nuevas formas de organización empresarial vinculadas con la economía digital.

La iniciativa fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y luego explicada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que el proyecto apunta a dejar atrás un esquema basado en una fuerte intervención estatal para avanzar hacia un modelo con mayor libertad contractual dentro de las empresas.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es otorgar mayor peso a los estatutos societarios. En la práctica, esto implica que las reglas acordadas por los propios socios tendrán un rol predominante en la organización interna de las compañías. Así, el Gobierno busca que cada sociedad pueda definir con mayor autonomía sus mecanismos de funcionamiento, administración y resolución de conflictos.

La reforma también plantea eliminar restricciones sobre el objeto social de las empresas. De aprobarse el proyecto, una sociedad podrá desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que exista relación entre ellas. Incluso, si el estatuto no establece una actividad específica, se considerará que la compañía está habilitada para realizar cualquier actividad lícita.

Desde el oficialismo argumentan que este cambio permitirá acompañar la velocidad de transformación de los mercados, reducir trámites administrativos y evitar que las empresas deban modificar sus estatutos cada vez que incorporen una nueva línea de negocios.

Uno de los puntos más novedosos, y también de mayor impacto político y jurídico, es la incorporación de la figura de la Sociedad Automatizada. Se trata de empresas que podrán operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, sin requerir empleados para su funcionamiento habitual.

Estas sociedades contarían con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada, lo que abre un nuevo escenario para la actividad empresarial en sectores tecnológicos, financieros, digitales y de servicios. La medida implica reconocer legalmente estructuras capaces de funcionar con mínima intervención humana, algo que hasta hace pocos años parecía más propio de la ciencia ficción que del derecho comercial argentino. Pero bueno, la realidad decidió competirle a Netflix.

El proyecto también reconoce a las DAO, sigla en inglés de Organizaciones Autónomas Descentralizadas. Estas estructuras funcionan mediante tecnología blockchain y sistemas de participación a través de tokens, que permiten tomar decisiones, administrar fondos o coordinar actividades sin una autoridad central tradicional.

Con esta incorporación, el Gobierno busca dar marco jurídico a organizaciones digitales que ya existen en distintos ecosistemas tecnológicos, pero que hasta ahora no cuentan con una regulación específica dentro del derecho societario argentino.

Otro punto relevante de la reforma es la posibilidad de que las sociedades establezcan en sus estatutos que los conflictos internos se resuelvan bajo legislación extranjera o mediante mecanismos de arbitraje privado. Esto permitiría a los socios definir qué normativa aplicar ante controversias corporativas, una herramienta utilizada en distintos centros internacionales de negocios.

La propuesta también avanza en una digitalización integral de la vida societaria. Entre las medidas previstas se incluyen el domicilio electrónico, los libros digitales, los registros electrónicos, las asambleas a distancia y la constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica.

Según el Gobierno, el objetivo es reducir costos administrativos, eliminar procedimientos en papel y facilitar la creación y administración de empresas. La reforma apunta, en ese sentido, a modernizar un sistema que todavía conserva trámites y formalidades pensadas para otra época.

Además, el proyecto incorpora nuevos instrumentos de inversión convertibles, que permitirán el ingreso de capital a una empresa sin que el inversor deba convertirse inmediatamente en socio. Esta herramienta está orientada especialmente a startups, emprendimientos tecnológicos y compañías en expansión que requieren financiamiento flexible.

La iniciativa también contempla la renovación automática del plazo de duración de las sociedades, mandatos de directores y síndicos por tiempo indeterminado salvo disposición contraria del estatuto, y mecanismos simplificados para reorganizaciones dentro de grupos empresariales.