Buscan frenar el recorte de subsidios a pasajes gratuitos para personas con discapacidad

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para dejar sin efecto la medida del Gobierno de Javier Milei que eliminó el régimen de compensaciones económicas destinado a sostener los pasajes gratuitos en el transporte automotor de larga distancia para personas con discapacidad, personas trasplantadas, pacientes en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La iniciativa fue impulsada por el diputado santafesino y ex ministro de Transporte, Diego Giuliano, luego de que la Secretaría de Transporte oficializara, mediante la Resolución 28/2026 publicada en el Boletín Oficial, la baja del sistema que estaba vigente desde 2018. Ese mecanismo permitía que el Estado cubriera parcialmente el costo de los boletos gratuitos que las empresas de transporte interjurisdiccional debían otorgar a los beneficiarios contemplados en las leyes vigentes.

Si bien la resolución del Ejecutivo aclara que no se modifica el derecho de los usuarios a acceder a pasajes gratuitos, la oposición advierte que la eliminación de las compensaciones puede dificultar su cumplimiento efectivo. Es decir: el derecho sigue escrito, pero se retira una de las herramientas que permitía garantizarlo en la práctica. Una sutileza administrativa con consecuencias bastante concretas para quienes necesitan viajar para atenderse, estudiar, trabajar o realizar tratamientos.

El proyecto presentado por Giuliano exhorta al presidente Javier Milei a restablecer de manera “inmediata” los mecanismos necesarios para asegurar el acceso real, efectivo y sin restricciones al transporte gratuito para los sectores alcanzados por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

“Estamos frente a una decisión profundamente injusta que afecta derechos fundamentales de sectores especialmente protegidos. No se puede sostener formalmente un derecho mientras se eliminan las herramientas concretas que permiten ejercerlo”, sostuvo el legislador.

En los fundamentos, el texto advierte que la medida adoptada por el Gobierno nacional representa un retroceso en materia de derechos sociales y vulnera principios constitucionales y convencionales vinculados a la protección de las personas con discapacidad y al derecho a la salud.

Giuliano remarcó además que el transporte gratuito no debe ser entendido como un privilegio, sino como una herramienta esencial de inclusión, accesibilidad y acceso a prestaciones médicas, rehabilitación, educación y trabajo.

Uno de los puntos centrales del planteo opositor es el impacto federal de la decisión. Según advirtió el diputado, miles de personas del interior del país dependen del transporte de larga distancia para acceder a tratamientos y prestaciones de alta complejidad, muchas veces concentradas en grandes centros urbanos.

“Miles de personas del interior del país dependen del transporte de larga distancia para acceder a prestaciones médicas de alta complejidad. Esta resolución profundiza desigualdades territoriales y pone en riesgo el acceso efectivo a la salud”, señaló Giuliano.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de legisladores del bloque de Unión por la Patria, entre ellos su jefe de bancada, Germán Martínez. Desde ese espacio sostienen que la decisión oficial no solo afecta a personas con discapacidad, sino también a pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer, todos sectores que requieren una protección reforzada por parte del Estado.

Con la Resolución 28/2026, el Gobierno nacional dejó sin efecto el régimen de compensaciones económicas para las empresas de transporte de larga distancia. Aunque las compañías continuarán obligadas por ley a emitir pasajes gratuitos para los grupos alcanzados, el retiro del financiamiento estatal abre un nuevo foco de conflicto sobre la posibilidad real de garantizar ese derecho en todo el país.