Alertan por atrasos del Gobierno bonaerense y posible pago con bonos

El senador bonaerense Marcelo “Chuby” Leguizamón presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el Gobierno de Axel Kicillof brinde precisiones sobre la deuda que mantiene la Provincia con proveedores y aclare si evalúa cancelar parte de esas obligaciones mediante bonos o títulos públicos.

La iniciativa, dirigida al Ministerio de Economía bonaerense que conduce Pablo López, apunta a conocer el volumen real de la denominada deuda flotante, es decir, los compromisos devengados pero aún no pagados por el Estado provincial. Se trata de un pasivo que, aunque muchas veces no aparece reflejado en los indicadores tradicionales de endeudamiento, impacta de manera directa sobre empresas que prestan servicios, proveen insumos o ejecutan obras para la Provincia.

En el pedido, Leguizamón reclamó información “urgente y pormenorizada” sobre el monto total de la deuda flotante al cierre del último ejercicio, discriminada por jurisdicción, tipo de proveedor, antigüedad y concepto del gasto. También pidió conocer la evolución de esas obligaciones durante los últimos tres ejercicios y las medidas que prevé adoptar el Ejecutivo para evitar que sigan acumulándose atrasos en la cadena de pagos estatal.

La preocupación se profundizó tras las versiones que comenzaron a circular en ámbitos políticos y empresariales sobre la posibilidad de que la Provincia recurra a instrumentos financieros para regularizar pagos pendientes. En ese sentido, el legislador solicitó precisiones sobre un eventual esquema de bonos: qué características tendría, qué sectores alcanzaría, qué monto buscaría cancelar y cuál sería su impacto fiscal.

El planteo se da en un contexto de creciente tensión financiera para la administración bonaerense. En las últimas semanas, cámaras empresarias advirtieron sobre demoras de hasta siete meses en los pagos provinciales, especialmente en áreas sensibles como salud, alimentación e infraestructura. Desde la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires alertaron incluso que muchas empresas “ya no quieren venderle al Estado” debido a la incertidumbre en los cobros.

Leguizamón sostuvo que la situación afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas que dependen de los pagos estatales para sostener salarios, comprar insumos y mantener su funcionamiento operativo. Para el senador, la falta de previsibilidad no solo compromete la relación entre el Estado y sus proveedores, sino también la continuidad de servicios esenciales.

El pedido de informes también recupera antecedentes de mecanismos similares. En 2021, durante la actual gestión provincial, Buenos Aires emitió bonos de cancelación de deuda por hasta $15.000 millones destinados a proveedores y contratistas del Estado. Administraciones anteriores también recurrieron a herramientas de este tipo en momentos de tensión financiera, especialmente cuando los atrasos en los pagos comenzaron a afectar la cadena productiva.

A este escenario se suman otros compromisos que presionan sobre las cuentas provinciales, como el pago del medio aguinaldo y los vencimientos de deuda previstos para el segundo semestre. Desde sectores de la oposición ya habían cuestionado reprogramaciones e incumplimientos vinculados a bonos provinciales, lo que alimentó nuevas dudas sobre la sostenibilidad fiscal bonaerense.

“La administración de la liquidez y la sostenibilidad fiscal son variables críticas para el funcionamiento del Estado y del entramado productivo”, advirtió Leguizamón. Bajo ese argumento, reclamó que el Gobierno provincial transparente el estado de la deuda con proveedores y explique si analiza volver a utilizar títulos públicos para cancelar obligaciones atrasadas.