El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley para crear el denominado “Súper RIGI”, un nuevo régimen de promoción destinado a captar grandes inversiones en industrias consideradas estratégicas, tecnológicas o de alto impacto productivo. La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados mediante el Mensaje N°181/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El texto oficial crea el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias” y establece un esquema de beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos que impliquen inversiones mínimas de US$1.000 millones. Según los fundamentos, el objetivo es atraer capitales de gran escala hacia actividades que todavía no se desarrollen en el país o que se encuentren en una etapa experimental o piloto.
Entre los sectores apuntados por el proyecto aparecen la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital estratégica, el hidrógeno, el gas natural licuado, los reactores nucleares pequeños, las baterías de litio y las manufacturas tecnológicas. El Gobierno presenta estas áreas como parte de las llamadas “industrias del futuro”, con las que busca insertar a la Argentina en nuevas cadenas globales de valor.
El corazón de la propuesta está en el paquete de incentivos. El régimen contempla una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, quebrantos impositivos sin límite temporal, alícuota reducida sobre dividendos, devolución de IVA mediante certificados fiscales y exención de derechos de importación y exportación. También prevé estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante 30 años, un plazo extenso que apunta a dar previsibilidad a inversiones de largo plazo.
En materia laboral, el proyecto incluye una reducción de contribuciones patronales al 10% para las nuevas relaciones laborales generadas por los proyectos adheridos. En el plano cambiario, las empresas podrán disponer libremente de una parte creciente de las divisas obtenidas por exportaciones: 20% después del primer año, 40% luego del segundo y 100% a partir del tercer año desde la primera exportación.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la Argentina quedó rezagada frente a otros países por décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria elevada y restricciones cambiarias. Bajo ese diagnóstico, el Gobierno plantea que el nuevo régimen busca posicionar al país como un destino competitivo para inversiones de gran escala en actividades tecnológicas, industriales y de servicios con impacto transformador sobre la estructura productiva nacional.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que no podrán ingresar iniciativas que sean simples ampliaciones o reconversiones de actividades ya existentes. Es decir, el régimen está pensado para proyectos nuevos, desarrollados mediante Vehículos de Proyecto Único, sociedades creadas exclusivamente para llevar adelante cada inversión adherida. Además, las empresas deberán comprometer al menos el 20% de la inversión durante los primeros dos años desde su incorporación al régimen.
El esquema también involucra a provincias y municipios, que deberán adherir formalmente para que los proyectos puedan acceder a los beneficios. El Gobierno propone que las jurisdicciones se comprometan a garantizar estabilidad fiscal y condiciones compatibles con la magnitud de las inversiones. A la vez, el texto establece que cualquier norma provincial o municipal que limite o afecte los beneficios otorgados por el régimen será considerada “nula de nulidad absoluta”, un punto que seguramente abrirá debate político y federal, porque nada dice “consenso” como anular de entrada lo que pueda incomodar.
El plazo inicial para adherirse al régimen será de cinco años, con posibilidad de una prórroga por un año adicional. En el mensaje enviado al Congreso, el Ejecutivo afirma que el “Súper RIGI” forma parte de una nueva etapa orientada a transformar la matriz productiva, aumentar exportaciones, generar empleo y desarrollar proveedores locales alrededor de industrias intensivas en capital.