IPA advirtió que los concursos preventivos treparon 130% y exigió al Gobierno frenar el cierre masivo de Pymes

Industriales Pymes Argentinos (IPA) encendió las alarmas por el salto de los concursos preventivos en el último año. Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de CABA, las aperturas crecieron 131,71% al pasar de 82 casos en 2023 a 190 en 2025. La entidad anticipó que 2026 romperá el récord que se registró durante la pandemia.

Ante este escenario, el presidente de IPA, Daniel Rosato, calificó la situación como “crisis terminal” y pidió una respuesta inmediata del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Además exigió al Congreso que trate y apruebe sin demoras el proyecto de ley de emergencia económica que busca frenar el cierre acelerado de empresas en todo el país.

Rosato recordó que IPA ya había anticipado el cierre de más de mil Pymes para este año. Sin embargo, sostuvo que el deterioro es peor de lo previsto. “Estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis”, explicó. Para el dirigente, ya no hay margen para discutir ideología: la prioridad es salvar a las empresas y a sus trabajadores.

El Departamento de Legales de IPA, a cargo de Germán Pizzano, detalló que entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas. El impacto en el empleo fue directo: 327.813 trabajadores quedaron fuera de la cobertura del sistema de riesgos del trabajo. La contracción también golpeó la inversión extranjera directa, que registró un saldo negativo histórico por primera vez en 22 años.

La inercia de la crisis se profundizó en 2026. Solo entre febrero y abril se abrieron 92 concursos preventivos. El número ya supera los totales anuales registrados entre 2021 y 2024. Durante el pico de la pandemia hubo 106 concursos en todo un año. En 2025 fueron 190. El ritmo actual marca que el colapso judicial y productivo se está acelerando.

Pizzano advirtió que los tribunales comerciales están saturados y que muchas Pymes enfrentan un “fatal resultado falencial”. El informe de IPA subrayó que el país tiene una capacidad ociosa del 40,2%, lo que deja bienes de uso inactivos y pérdida de capital. Pero el mayor costo, remarcó, es social: se pierden fuentes de trabajo directas e indirectas y se afecta a todo el entorno de las empresas, desde proveedores hasta consumidores.

Frente a la falta de condiciones para producir, varias multinacionales abandonaron el país. En paralelo, firmas locales intentan sobrevivir cambiando su matriz. “Se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores”, describió Pizzano. El problema es que esa reconversión no sostiene empleo industrial ni encadenamientos productivos.

Como salida, IPA propuso aplicar el Derecho de la Emergencia. Plantean una legislación transitoria similar a la Ley 25.563, con suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, extensión del período de exclusividad y facilidades para acceder a soluciones preventivas. “No se trata de cambios definitivos al sistema concursal, sino de un remedio paliativo para que las Pymes recuperen capital de trabajo”, aclaró el informe.

Para la entidad, el empresario Pyme necesita tiempo. “La única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”, sostuvo Pizzano. Ese oxígeno financiero permitiría que las fábricas vuelvan a tener ingresos por ventas superiores a sus costos totales de producción. Sin esa herramienta, advierten, la quiebra y la ejecución de bienes serán inevitables para miles de compañías.

IPA cerró su planteo con una advertencia al Gobierno: el blindaje jurídico no alcanza si no cambia el rumbo económico. “La espera que puede lograrse mediante una legislación de emergencia sería en vano si no mejoran las condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo del mercado interno”, concluyó el documento. Pidió recuperar niveles de empleo, salario real y consumo masivo para que la industria vuelva a producir.