Montenegro busca adaptar el régimen penal juvenil bonaerense a la ley nacional

El senador bonaerense del PRO, Guillermo Montenegro, presentó un nuevo paquete de reformas legislativas con el objetivo de adecuar el sistema penal juvenil de la provincia de Buenos Aires al nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei.

La iniciativa se enmarca en la sanción de la Ley nacional 27.801, aprobada este año por el Congreso, que entrará en vigencia en septiembre de 2026. A partir de ese nuevo esquema, Montenegro busca avanzar en modificaciones sobre distintas normas bonaerenses vinculadas al procedimiento penal juvenil y a la ejecución de penas aplicadas a adolescentes.

En esta oportunidad, el dirigente opositor propuso cambios en la Ley 11.922, que regula el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, y presentó otra iniciativa vinculada al régimen de ejecución de penas juveniles contemplado en la Ley provincial 15.571.

El nuevo paquete se suma al proyecto que Montenegro había impulsado semanas atrás para modificar la Ley 13.634, que regula el procedimiento penal juvenil bonaerense. Aquella primera propuesta concentró el debate político en uno de los puntos más sensibles de la reforma nacional: la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Sin embargo, esta nueva presentación apunta a una etapa diferente de la adecuación normativa. Ya no se centra únicamente en el umbral de responsabilidad penal, sino en el funcionamiento procesal del sistema juvenil bonaerense, con eje en la actuación del Ministerio Público Fiscal, los mecanismos de justicia restaurativa, la participación de las víctimas y el control judicial de las decisiones adoptadas durante el proceso.

“La Ley 11.922 es el Código de Procedimiento Penal general, se aplica a mayores, pero hay algunos aspectos que también atañen a los menores. Lo que estamos haciendo es reformar esa última parte”, explicó Montenegro al detallar el alcance de la propuesta.

Nuevos principios para el proceso penal adolescente

Uno de los principales cambios planteados por el texto es la incorporación de nuevos principios rectores para las causas penales juveniles. Según la iniciativa, el proceso penal adolescente deberá regirse por criterios de legalidad, proporcionalidad, mínima intervención, solución del conflicto, tutela judicial efectiva y protección integral de la víctima.

Con esta modificación, el senador del PRO busca alinear el procedimiento bonaerense con los parámetros establecidos por la legislación nacional, que plantea un giro desde una mirada tutelar hacia un esquema de responsabilidad penal juvenil.

En esa línea, Montenegro sostuvo que la reforma “no implica una ruptura con el sistema vigente, sino su actualización funcional”, al considerar que la provincia debe garantizar coherencia normativa con el nuevo régimen nacional.

Principio de oportunidad y reparación del daño

Otro de los puntos relevantes del proyecto es la incorporación al Código Procesal Penal bonaerense del denominado “principio de oportunidad”. Se trata de una herramienta que permite al Ministerio Público Fiscal prescindir total o parcialmente de la acción penal en determinados casos.

De acuerdo con el texto presentado, ese mecanismo sólo podrá aplicarse cuando el hecho investigado no comprometa gravemente el interés público, cuando la intervención penal resulte desproporcionada o cuando exista una reparación del daño causado a la víctima.

La iniciativa también pone el foco en los mecanismos restaurativos, con la intención de promover instancias de solución del conflicto que no se limiten exclusivamente a la sanción penal

Mayor participación de las víctimas

El proyecto de Montenegro también propone fortalecer los derechos de las víctimas en delitos cometidos por adolescentes. En ese sentido, establece que las personas damnificadas tendrán derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito, acceder a información sobre el expediente y participar activamente en instancias de mediación.

Para el legislador, la adecuación normativa debe contemplar no sólo las garantías de los adolescentes imputados, sino también los derechos de quienes resultan afectados por los hechos investigados.

“La reforma no implica una ruptura con el sistema vigente, sino su actualización funcional, asegurando coherencia con el nuevo régimen penal juvenil y con los estándares contemporáneos de justicia penal, abordando esta cuestión desde una perspectiva de responsabilidad penal y velando no solo por los derechos de los imputados, sino también los de las víctimas”, expresó Montenegro.

Una adecuación al régimen impulsado por Milei

Semanas atrás, el exintendente de Mar del Plata ya había presentado un proyecto para modificar la Ley 13.634 y adaptar el procedimiento penal juvenil bonaerense al régimen aprobado a nivel nacional.

En aquella oportunidad, Montenegro aclaró que su iniciativa no buscaba derogar por completo la normativa vigente en la provincia, sino “reconfigurarla” mediante la sustitución e incorporación de artículos, respetando su estructura y numeración original.

“La sanción de la Ley 27.801 marca un avance considerable en materia del régimen penal juvenil. Esto marca la transición de una visión puramente tutelar del menor a una de responsabilidad penal respecto de los delitos cometidos, con amplia participación de la víctima y responde a la necesidad de actualizar la legislación vigente para hacer frente a los cambios socioculturales que han tenido lugar en las últimas décadas”, sostuvo el senador.