Municipios con más demandas y menos recursos: crece el debate por una coparticipación “a la inversa”

El debate por la coparticipación volvió a instalarse con fuerza en la agenda bonaerense. La combinación entre el ajuste del Gobierno nacional, la caída de transferencias hacia la Provincia y el deterioro de los recursos municipales abrió una discusión que excede la coyuntura y apunta directamente al corazón del federalismo argentino: quién recauda, quién distribuye y quién termina dando respuestas concretas a la ciudadanía.

Una discusión que volvió al centro de la escena

En las últimas horas, los intendentes Julio Alak, de La Plata, y Jorge Ferraresi, de Avellaneda, reactivaron una discusión sensible al plantear la necesidad de revisar la permanencia de la provincia de Buenos Aires dentro del actual régimen de coparticipación federal.

El planteo no aparece en el vacío. Buenos Aires concentra cerca del 38% de la población del país, aporta una porción significativa de la recaudación nacional y, al mismo tiempo, arrastra desde hace décadas reclamos por lo que considera una distribución desfavorable de los fondos.

En ese marco, el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, sumó una propuesta que busca correr el eje del debate. Para el jefe comunal massista, el problema no se limita a cuánto recibe la Provincia desde la Nación, sino también a cómo se organiza el flujo de recursos entre los distintos niveles del Estado.

La propuesta de Garate: invertir la lógica actual

Garate planteó avanzar hacia una “coparticipación inversa”, un esquema en el que los municipios tengan mayor capacidad de recaudación y desde allí se transfieran porcentajes a la Provincia y a la Nación.

La idea parte de una premisa concreta: los municipios son la primera ventanilla del Estado para los vecinos, pero no siempre cuentan con las herramientas financieras necesarias para responder. Salud, asistencia social, transporte, mantenimiento urbano, infraestructura básica y demandas derivadas de la crisis económica recaen cada vez más sobre los gobiernos locales.

Mientras tanto, advierten los intendentes, la Nación redujo programas, frenó transferencias y mantiene una estructura de recaudación que concentra recursos en el nivel central.

Garate sostuvo que es necesario “rediscutir el federalismo” porque las comunas cargan con más responsabilidades mientras reciben menos recursos. En su mirada, si el Gobierno nacional decide achicar sus funciones y reducir su presencia territorial, no puede al mismo tiempo conservar la mayor parte de lo recaudado.

Más responsabilidades, menos margen financiero

Esa tensión resume buena parte del malestar que hoy atraviesa a los intendentes bonaerenses: menos fondos disponibles, más presión social y una demanda creciente de respuestas inmediatas.

Los datos económicos refuerzan ese diagnóstico. Informes recientes sobre la situación bonaerense marcaron una caída real de los fondos de coparticipación recibidos por la Provincia durante el primer cuatrimestre de 2026. A eso se suma el impacto de la recesión sobre la recaudación provincial y municipal, en un contexto de pérdida de empleo registrado, caída del poder adquisitivo y mayor demanda sobre los servicios públicos locales.

La situación también golpea directamente a las comunas. Un relevamiento de la consultora PPA señaló que las transferencias automáticas enviadas por la Provincia a los municipios bonaerenses registraron en el primer trimestre de 2026 su nivel más bajo desde la pandemia.

En marzo, los giros a los distritos cayeron 8,2% interanual en términos reales, mientras que la coparticipación bruta tuvo un retroceso real del 18,6%. Aunque los montos nominales crecieron, la inflación licuó buena parte de esos ingresos. 

El peso de la coparticipación en las comunas

El dato no es menor: para muchos municipios, la coparticipación provincial representa el grueso de sus recursos. Según el mismo informe, en marzo las comunas recibieron $410.302 millones desde la Provincia, de los cuales el 74% correspondió a coparticipación de impuestos.

En ese escenario, cualquier caída real impacta de manera directa sobre la administración cotidiana: pago de salarios, prestación de servicios, asistencia social, obras menores y mantenimiento básico.

El reclamo de los intendentes también se alimenta de una paradoja política. Mientras el Gobierno nacional sostiene un discurso de reducción del Estado y recorte del gasto público, muchas de las demandas que antes tenían algún tipo de cobertura nacional terminan siendo absorbidas por provincias y municipios.

El reclamo por un nuevo pacto fiscal

Alak reclamó un nuevo pacto fiscal que garantice la sustentabilidad de los gobiernos locales y advirtió que los municipios deben hacerse cargo de mayores demandas sociales, problemas en salud, dificultades vinculadas al PAMI y necesidades en transporte sin los fondos que antes acompañaban esas políticas.

En la misma línea, Ferraresi ya había planteado la necesidad de revisar el vínculo de Buenos Aires con el esquema nacional de reparto. Ambos posicionamientos reabrieron una discusión que, durante años, apareció de manera intermitente pero que ahora vuelve empujada por la caída de recursos y el aumento de las demandas sociales.

La diferencia es que, esta vez, el planteo no queda solo en la relación entre Nación y Provincia. La propuesta de Garate incorpora un nivel más al debate: el lugar de los municipios dentro de la arquitectura fiscal.

Zona Fría, otro punto de tensión

En paralelo, la discusión por la modificación del régimen de Zona Fría agregó otro componente de tensión. Si el Senado nacional ratifica los cambios que ya obtuvieron media sanción en Diputados, 94 municipios bonaerenses podrían perder beneficios tarifarios que alcanzan a más de 1,2 millones de hogares.

Para los intendentes, ese recorte no solo encarecería las facturas de gas de miles de familias, sino que también aumentaría la presión social sobre los gobiernos locales. Cuando una familia no puede pagar servicios básicos, el primer reclamo no suele aterrizar en una oficina nacional: llega al municipio, al concejal, al intendente o al área social más cercana.

Una señal política más que una reforma inmediata

La propuesta de Garate funciona, por ahora, más como un termómetro que como una reforma de aplicación inmediata. Cambiar el sistema de coparticipación exige acuerdos institucionales complejos, consensos entre Nación y provincias y una discusión legislativa de gran escala.

El concepto de “coparticipación inversa” apunta a invertir la lógica vigente. En lugar de que la Nación concentre la recaudación y luego distribuya fondos hacia provincias y municipios, el esquema propuesto plantea que quienes generan los recursos en el territorio puedan retener una porción mayor y derivar luego los porcentajes correspondientes hacia los niveles superiores del Estado.

Bajo esa mirada, federalizar no sería solamente transferir competencias, sino también garantizar recursos para ejercerlas.