Kicillof evalúa ir a la Justicia si finalmente se aprueba la quita de zona fría

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación que introduce cambios en el régimen de Zona Fría y anticipó que su administración analiza recurrir a la Justicia. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, podría derivar en fuertes aumentos en las tarifas de gas para usuarios de 94 municipios bonaerenses.

“Yo pensé que había llegado al límite de la crueldad y el abandono, pero evidentemente no”, sostuvo Kicillof al referirse a la modificación del esquema vigente. El mandatario provincial pidió además al Senado que no avance con la aprobación de la norma, al considerar que la medida traslada nuevamente sobre los hogares el peso del ajuste económico.

Cuando pensábamos que había llegado al límite de crueldad, el Gobierno nacional vuelve a castigar al pueblo, esta vez con la modificación del régimen de Zona Fría. Un proyecto que descarga aun más sobre la gente el peso de un ajuste que cada día está más lejos de ser para la… pic.twitter.com/ac23SpSPxf

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2026

“Hay partes de la ley que están mal, directamente. Que son ilegales. Veremos qué haremos ante la Justicia. Le pedimos al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno”, afirmó el gobernador durante una actividad en Florencio Varela.

La reforma al régimen de Zona Fría afectaría a distintos puntos del país, entre ellos municipios de la provincia de Buenos Aires y departamentos de Córdoba, Santa Fe y San Luis. En territorio bonaerense, según los datos difundidos, la modificación alcanzaría a unos 1.240.000 hogares de 94 municipios, lo que representa alrededor del 20% del total de usuarios de la provincia.

Para esos distritos, la suba en las facturas de gas podría ubicarse entre el 40% y el 100%, salvo en aquellos casos en los que los usuarios logren acceder a los Subsidios Energéticos Focalizados, mediante el correspondiente reempadronamiento.

Kicillof advirtió que el impacto social de la medida se dará en un contexto de caída del poder adquisitivo, dificultades para afrontar gastos básicos y aumento de la presión sobre los ingresos familiares. “Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes”, expresó.

En esa línea, el gobernador apuntó contra el discurso económico del Gobierno nacional y mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo. “Lo escuchaba al ministro decir que no se puede ajustar más: hace un montón que no se puede ajustar más. La gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes”, señaló.

Kicillof agregó que la combinación entre desocupación, pérdida salarial y aumento de tarifas está deteriorando las condiciones de vida de una parte importante de la población. “Ya estamos viendo que, producto de la desocupación y la caída de los salarios, la vida entera se hace imposible para una proporción de argentinos y bonaerenses”, sostuvo.

También bajo la lupa: las cooperativas eléctricas

Además de la quita de beneficios vinculados a Zona Fría, el proyecto incluye otro punto que encendió alarmas en la provincia de Buenos Aires: la eliminación del fondo compensador destinado a cooperativas eléctricas.

El esquema actual funciona desde 1996 y se sostiene con aportes de grandes distribuidoras y cooperativas de mayor escala hacia entidades más pequeñas, que reciben asistencia para garantizar la prestación del servicio eléctrico en localidades del interior. Su eliminación, según advierten desde el Gobierno bonaerense, podría complicar seriamente el funcionamiento de numerosas cooperativas.

El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, explicó que las cooperativas tienen un rol clave en la cobertura del servicio dentro de la provincia. “Las 200 cooperativas llegan al 40% de la provincia. Por el Fondo reciben más que por las tarifas. Eso estaría prohibido con la nueva normativa. Como también el cobro del alumbrado público, que está por ley desde 1989”, sostuvo.