Insisten con declarar la emergencia en violencia de género tras dos años sin respuesta del municipio

El debate por la emergencia en violencia por motivos de género y diversidad volvió al Concejo Deliberante de General Pueyrredon, luego de dos años sin respuestas formales por parte del Ejecutivo municipal. Tras la salida de Guillermo Montenegro de la intendencia y con Agustín Neme al frente del gobierno local, la comisión de Políticas de Género insistió por séptima vez en solicitar la mirada oficial de las áreas competentes.

El proyecto, impulsado por Unión por la Patria desde febrero de 2024, propone volver a declarar por un año la emergencia en materia de violencias por motivos de género y diversidad en Mar del Plata. La medida había estado vigente desde marzo de 2016 hasta mediados de 2023, cuando dejó de regir sin que avanzara una nueva declaración.

Durante el extenso tratamiento legislativo, la comisión pidió en seis oportunidades informes a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Dirección de Políticas de Género, ambas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social que entonces encabezaba Vilma Baragiola. Sin embargo, las respuestas nunca fueron remitidas al Concejo.

Este jueves, al retomarse el expediente, fue la propia Baragiola, ahora desde su rol de concejala, quien acompañó el pedido para que el nuevo secretario de Desarrollo Social, Guillermo Schütrumpf, se expida sobre el tema. En ese marco, deslizó que durante la gestión anterior existieron “directivas” que habrían impedido avanzar con la iniciativa.

“La primera emergencia la solicité yo en marzo de 2016. Luego se sostuvo, y después bueno… cuando cambian gestiones, hay otras directivas, suele suceder que tal vez no estén de acuerdo con que surja la emergencia y esto ha pasado. Como hay una nueva directiva en la secretaría me gustaría que Guillermo diera su mirada sobre el tema”, sostuvo Baragiola durante la reunión de comisión.

La frase dejó expuesta una tensión política de fondo: durante dos años el Concejo pidió una posición oficial y el Ejecutivo no respondió. Ahora, con un cambio en la conducción municipal, los bloques buscan saber si el gobierno mantendrá la negativa tácita o si habilitará una discusión sobre políticas públicas frente a una problemática que sigue atravesando la vida cotidiana de mujeres y diversidades.

El proyecto plantea que la emergencia sea declarada por un plazo de un año y que, un mes antes de su vencimiento, el observatorio creado por la ordenanza emita un informe de evaluación sobre las políticas desplegadas y la situación de las violencias en el Partido de General Pueyrredon.

Entre los puntos centrales, la iniciativa propone generar espacios psicoterapéuticos, psicosocioeducativos, recreativos y de desarrollo personal destinados a revertir prácticas discriminatorias o violentas, además de promover campañas integrales de difusión y prevención.

También contempla el fortalecimiento de la Dirección General de Políticas de Género, tanto en personal como en equipamiento e infraestructura. El objetivo, según el espíritu del proyecto, es que la respuesta estatal no dependa únicamente de declaraciones formales, sino de recursos concretos para asistir, acompañar y prevenir situaciones de violencia.

Otro de los aspectos relevantes es la continuidad del régimen de asignaciones o becas económicas temporales para personas en situación de violencia por motivos de género y diversidad. La propuesta establece que el monto pase a ser equivalente al 100% del haber mínimo jubilatorio nominal determinado por Anses, por un plazo mínimo de seis meses, renovable por otros seis.

En la ordenanza anterior, ese beneficio había sido fijado con un piso equivalente al 65% del haber jubilatorio. Según se recordó en el debate, el gobierno municipal recién formalizó ese incremento después de dos años, lo que volvió a poner sobre la mesa la distancia entre las normas aprobadas y su aplicación efectiva. Porque, aparentemente, hasta para cumplir una ordenanza hace falta enviar carta documento al sentido común.

La insistencia del Concejo ocurre en un contexto en el que las políticas de asistencia y prevención de las violencias de género continúan siendo reclamadas por organizaciones sociales, áreas especializadas y sectores políticos. La perspectiva de género, en este caso, no aparece como consigna decorativa ni como sobreactuación discursiva, sino como una herramienta para observar una desigualdad concreta: las personas que atraviesan situaciones de violencia necesitan protección, recursos, acompañamiento y respuestas rápidas del Estado.

Con el nuevo pedido de informes, el expediente vuelve a quedar en manos del Ejecutivo municipal. La comisión espera que la gestión de Neme defina una postura oficial y destrabe una discusión que lleva dos años paralizada. El punto de fondo será si Mar del Plata vuelve a contar con una emergencia específica en violencia de género o si el municipio sostiene la falta de respuestas como política pública.