El ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá este martes a los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezados por su presidente, Martín Rappallini. El encuentro tiene como eje central el pedido de un régimen de incentivo a las inversiones para firmas del sector manufacturero que no califican como pymes ni como grandes empresas.
Rappallini había anticipado el reclamo la semana pasada, luego de que el Gobierno anunciara un “super RIGI” orientado a proyectos de alta tecnología e inteligencia artificial. Desde la UIA señalaron que el actual esquema deja sin cobertura a un universo de empresas con inversiones intermedias.
Según fuentes de la entidad, la reunión servirá además para distender la relación entre el Ejecutivo y el sector industrial, que se mantiene tensa desde el inicio de la gestión. Funcionarios del Gobierno han acusado a los industriales de buscar frenar la apertura comercial, mientras que desde la UIA plantean la necesidad de reglas de juego que sostengan la actividad productiva.
La tensión se profundizó tras el cierre de la fábrica de neumáticos FATE, anunciado por el empresario Javier Madanes Quintanilla 48 horas antes de la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. En ese mismo período, el grupo Techint perdió una licitación para un gasoducto en la Patagonia, lo que generó un cruce público con el presidente Javier Milei, quien calificó a Paolo Rocca como “Don Chatarrín”.
El contexto del sector muestra una actividad heterogénea. El 2025 cerró con una suba del 1,6% en la producción industrial, pero en el primer trimestre de 2026 la actividad fabril cayó 2,3%. Mientras que los rubros ligados a la energía, la minería y la fabricación de autos sostienen el crecimiento, otros enfrentan retrocesos importantes.
Los datos del INDEC a marzo reflejan que textiles y calzados acumulan una baja del 18% en lo que va del año, y la metalmecánica retrocede 12%. Los primeros indicadores de abril tampoco muestran señales de recuperación, lo que refuerza la preocupación de la UIA por el desempeño de la manufactura.
El Gobierno libertario puso en marcha tres programas de incentivos: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) y el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). El RIGI cubre proyectos desde 200 millones de dólares, el RIMI a pymes con inversiones entre 150.000 y 9 millones, y el RIFL apunta a la regularización laboral.
El reclamo de la UIA apunta al segmento de empresas que no encajan en esos parámetros, con inversiones que van de los 9 a los 200 millones de dólares. Para ese grupo, sostienen, no existen actualmente beneficios específicos que impulsen proyectos de expansión.
Otro de los temas que se pondrá sobre la mesa es la situación de las pymes frente a los embargos de ARCA. La Cámara Argentina de Comercio pidió la semana pasada al titular del organismo, Andrés Vázquez, que frene las medidas sobre cuentas de pequeñas y medianas empresas, en un contexto de caída de ventas y problemas de capital de trabajo.
Gustavo Lazzari, presidente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo y uno de los empresarios más alineados con el Gobierno, también se expresó en redes: “Por favor, revisen la carnicería de embargos ARCA. Para muchas pymes es un tiro de gracia”.
La UIA había advertido en febrero sobre el abastecimiento de Gas Natural Licuado de cara al invierno y el impacto de los costos energéticos en la industria. En un comunicado, la central fabril subrayó la necesidad de garantizar previsibilidad en el suministro para sostener los procesos productivos, en un escenario donde el aumento de la demanda domiciliaria genera temor a cortes para el sector productivo.