Presentaron un nuevo proyecto para privatizar cárceles y sumar empresas al sistema penitenciario

La privatización de cárceles volvió a instalarse en el debate legislativo bonaerense. El diputado provincial Juan José Esper, del monobloque Derecha Popular, presentó un proyecto de ley para habilitar la construcción, mantenimiento y gestión operativa de unidades penitenciarias privadas en la provincia de Buenos Aires, bajo un esquema mixto de concesión con control estatal.

La iniciativa propone aplicar un modelo de Participación Público-Privada, conocido como PPP, para responder a la crisis de infraestructura y hacinamiento que atraviesa el sistema penitenciario bonaerense. Según argumentó el legislador, el objetivo es acelerar la construcción de nuevos establecimientos carcelarios y trasladar al sector privado parte de los riesgos financieros y operativos que hoy recaen sobre el Estado.

“El Estado deja de ser un ‘constructor’ para pasar a ser un ‘comprador de servicios’, pagando solo por plaza disponible y ocupada, lo que garantiza estándares de mantenimiento que hoy el Estado no puede sostener”, sostuvo Esper al defender el proyecto ingresado en la Legislatura bonaerense.

 

El texto contempla que las concesionarias privadas puedan encargarse del diseño, financiamiento y construcción de la infraestructura penitenciaria. Además, bajo la órbita empresarial quedarían servicios como hotelería, alimentación, limpieza, salud, asistencia psicológica, capacitación laboral, reinserción social y talleres industriales para las personas privadas de la libertad.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la división de funciones dentro de las unidades penitenciarias. De acuerdo con la propuesta, el Servicio Penitenciario Bonaerense conservaría la custodia legal de los internos, la seguridad exterior, la potestad disciplinaria máxima y los traslados de detenidos. En paralelo, el personal civil contratado por las concesionarias asumiría tareas vinculadas con la administración cotidiana, la seguridad interior y el tratamiento penitenciario.

Control estatal y auditorías mensuales

Para evitar una delegación total del sistema carcelario al sector privado, el proyecto establece límites explícitos sobre las funciones que no podrán ser transferidas. En ese sentido, el SPB mantendría las responsabilidades centrales relacionadas con la custodia legal y el control institucional de los establecimientos.

La iniciativa también crea una Auditoría Externa de Cárceles Privadas, que deberá supervisar mensualmente el estado edilicio de las unidades, la calidad nutricional de los internos y los índices de reincidencia de las personas liberadas de esos establecimientos.

Además, el articulado fija estándares mínimos de habitabilidad y obliga a las concesionarias a cumplir con tratados internacionales de Derechos Humanos. Según el texto, cualquier incumplimiento grave en materia de bienestar, seguridad o condiciones de detención podrá habilitar la rescisión inmediata del contrato, sin indemnización para la empresa prestataria.

El argumento del hacinamiento

En los fundamentos del proyecto, Esper justificó la propuesta en la necesidad urgente de construir nuevas unidades carcelarias frente a los altos niveles de hacinamiento que afectan a las cárceles bonaerenses. El legislador planteó que el modelo tradicional de obra pública suele demorar “entre 5 y 8 años”, debido a problemas de financiamiento, burocracia administrativa y dificultades en la ejecución.

Desde esa mirada, el esquema de concesión permitiría avanzar con mayor rapidez en la ampliación de plazas penitenciarias, mientras el Estado pagaría por disponibilidad y ocupación de esas plazas, en lugar de asumir directamente la totalidad del proceso de construcción, mantenimiento y operación.

El proyecto también incorpora el uso de nuevas tecnologías en los establecimientos concesionados. Entre las herramientas mencionadas aparecen sistemas de monitoreo biométrico, inhibidores de señal para bloquear comunicaciones ilegales desde las celdas y escáneres corporales destinados a reemplazar requisas manuales.

La propuesta de Esper ingresó en la Legislatura bonaerense sumándose a las iniciativas parlamentarias vinculadas a seguridad, política criminal y funcionamiento del sistema penitenciario provincial.

El debate, sin embargo, promete abrir múltiples discusiones. Por un lado, quienes respaldan este tipo de esquemas sostienen que la participación privada podría acelerar obras, mejorar servicios internos y garantizar estándares de mantenimiento. Por otro, los cuestionamientos suelen centrarse en los riesgos de convertir la privación de la libertad en un negocio, con incentivos económicos atados a la cantidad de plazas ocupadas y a la administración de servicios esenciales dentro de las cárceles.