La crisis del Instituto Obra Médico Asistencial volvió a instalarse en el centro de la agenda legislativa bonaerense. En medio de crecientes reclamos de afiliados, prestadores y profesionales de la salud, sectores de la oposición en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires insistieron con el pedido de interpelación al titular de IOMA, Homero Giles, para que brinde explicaciones sobre el funcionamiento de la obra social.
La iniciativa fue encabezada por el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, quien advirtió sobre un “colapso importante” en las prestaciones y cuestionó la falta de respuestas oficiales frente a las denuncias acumuladas en los últimos meses. El legislador sostuvo que los trabajadores estatales bonaerenses “son rehenes de IOMA”, ya que no cuentan con la posibilidad de optar por otra cobertura médica.
Según planteó Garciarena, las dificultades atraviesan distintas áreas sensibles del sistema: acceso a medicamentos, consultas médicas, tratamientos psicológicos, prestaciones de rehabilitación y atención de alta complejidad.
El pedido de interpelación también fue acompañado por diputados del PRO y la Coalición Cívica, quienes reclamaron que Giles informe el estado presupuestario del organismo, los criterios de contratación, la deuda con prestadores y las medidas previstas para garantizar las prestaciones básicas. Para la oposición, las denuncias ya dejaron de ser hechos aislados y exponen un problema estructural en la obra social más grande de la Provincia.
El conflicto se profundizó durante las últimas semanas con protestas de acompañantes terapéuticos, cuidadores y distintos prestadores de salud, que denunciaron atrasos en los pagos y falta de actualización de honorarios. En La Plata, la Agremiación Médica Platense llegó incluso a suspender momentáneamente la atención a afiliados de IOMA por incumplimientos en los pagos correspondientes a los primeros meses del año.
En ese marco, Garciarena recordó que la oposición ya había impulsado proyectos para declarar la emergencia del IOMA y avanzar hacia una mayor autarquía financiera del instituto. La propuesta apunta a que los aportes de los afiliados sean administrados exclusivamente dentro de la obra social y no pasen por rentas generales de la Provincia.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la falta de información pública sobre la recaudación y los gastos del organismo. Desde los bloques opositores sostienen que, sin datos claros sobre el manejo de los recursos, resulta imposible evaluar la situación real del instituto y determinar responsabilidades políticas y administrativas.
La presión sobre IOMA también tuvo eco en el Senado bonaerense. El legislador platense Marcelo “Chuby” Leguizamón ya había advertido meses atrás sobre el deterioro del sistema y la ausencia de respuestas concretas por parte del Ejecutivo provincial. En paralelo, se presentó un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento y fiscalización del funcionamiento de la obra social.
La oposición sostiene que la situación dejó de ser una discusión partidaria y se convirtió en un problema cotidiano para miles de trabajadores estatales, jubilados y familias bonaerenses que dependen de IOMA para acceder a prestaciones esenciales.
Por eso, el pedido central es que Homero Giles concurra a la Legislatura para responder preguntas sobre el estado financiero del organismo, la deuda con profesionales, las demoras en autorizaciones, los reclamos por copagos y las medidas que tomará la Provincia para normalizar la atención.