El CIN repudió los ataques del Gobierno y advirtió sobre el riesgo a la convivencia democrática

El Consejo Interuniversitario Nacional emitió un comunicado en el que repudió los ataques del Gobierno nacional contra el sistema universitario público y sus autoridades. El organismo alertó que el enfrentamiento excede la discusión presupuestaria y pone en riesgo la calidad de la convivencia democrática.

Las declaraciones surgen tras una serie de cuestionamientos del presidente Javier Milei y del subsecretario de Políticas Universitarias hacia las universidades, en el marco posterior a la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo. El CIN sostuvo que se trata de un intento sistemático de desacreditar institucionalmente a quienes defienden la educación superior pública, gratuita y federal.

“Defender la universidad pública no es un delito; delito es pretender gobernar por encima de la ley”, afirmó el consejo en el texto difundido. Las rectoras y rectores señalaron que no aceptarán que se acuse de delincuentes a las autoridades universitarias por cumplir con su responsabilidad institucional.

El comunicado advierte que no se trata de una disputa personal ni de un conflicto menor. Para el CIN, lo que está en juego es la legitimidad del debate democrático cuando el insulto y la estigmatización reemplazan a la discusión de políticas públicas.

El consejo subrayó que reclamar el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso, ratificada institucionalmente y respaldada por decisiones judiciales y apoyo social no puede presentarse como un acto delictivo. “En una república es una obligación ética, política e institucional exigir que se cumpla la ley”, remarcaron.

El CIN también rechazó la idea de instalar como sentido común que la defensa de la universidad pública constituye una falta. Señalaron que estos avasallamientos se apoyan en el miedo, el silencio y la intimidación, pero que no están dispuestos a callar ni a mirar hacia otro lado frente a la degradación del discurso público.

Las autoridades universitarias reclamaron una pronta resolución de la Corte Suprema de Justicia para que ratifique que nadie puede estar por encima de la Constitución y la ley, incluidos los funcionarios públicos y el propio Presidente. Consideraron que la sociedad necesita una definición clara en ese sentido.

El comunicado destaca que la obligación de las autoridades públicas es reclamar, exigir y defender el cumplimiento de la ley, la Constitución y los derechos que de ellas emanan. En ese marco, reafirmaron el compromiso con el derecho social a la educación superior y con la producción científica y tecnológica.

El CIN aseguró que la universidad pública argentina no retrocederá frente a la agresión ni la descalificación. Aseguraron que continuarán defendiendo con firmeza y responsabilidad el carácter democrático, plural y federal de las casas de estudio.

Para el Consejo, la discusión de fondo no se limita al presupuesto universitario. Sostuvieron que lo que está en debate es el tipo de país, de democracia y de sociedad que se quiere construir en los próximos años.